amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
La captura de Jorge Armando N., alias El Licenciado, reveló otra pieza clave en la estructura criminal que operaba en Michoacán y que orquestó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El gabinete de seguridad confirmó que se trata de uno de los autores intelectuales del crimen y mando principal de la célula responsable. Aunque el gobierno federal intenta presentar la detención como un “paso firme hacia la paz”, el episodio vuelve a exhibir el grado de infiltración y fuerza que el crimen organizado mantiene en la región bajo la administración actual.
La operación se realizó en la colonia Centro de Morelia, donde fue localizado el presunto líder criminal. De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la SSPC, esta célula tenía vínculos directos con otra estructura afín al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que confirma que el homicidio del alcalde no fue un hecho aislado, sino parte de una red más amplia que opera con soltura en Michoacán pese al discurso oficial de control territorial.
El análisis forense de teléfonos asegurados resultó determinante para reconstruir la cadena de participación. Ahí se identificó a Fernando Josué N. y Ramiro N., localizados sin vida días después en la carretera Uruapan-Paracho, así como a Víctor Manuel N., señalado como autor material y abatido por fuerzas policiales. El chat en el que todos participaban muestra planeación, seguimiento detallado de los movimientos del alcalde e incluso instrucciones explícitas de disparar aunque estuviera acompañado.
Los mensajes revelan también el rol de mando de El Licenciado, quien distribuía posiciones, horarios y puntos de observación, además de enviar videos del lugar donde finalmente se perpetró el ataque. Se confirmó que Ramiro N. actuaba además como instructor en el uso de armas y castigaba físicamente a los miembros del grupo cuando no cumplían órdenes, un elemento que ilustra la disciplina interna de estas células.
Aunque las autoridades aseguran que la detención “marca un avance importante”, el caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de funcionarios locales, incluso aquellos protegidos por los programas de seguridad federales. La respuesta del gobierno ha sido reactiva y tardía, y el propio operativo confirma que, previo al asesinato, la célula criminal tuvo tiempo, organización y libertad suficientes para vigilar, planear y ejecutar el ataque sin ser detectada.
El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que el móvil ya fue compartido con Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal, pero evitó divulgar mayores detalles. Esta opacidad alimenta dudas sobre la capacidad del gobierno para enfrentar la violencia en la entidad y sobre el verdadero alcance de las estructuras criminales que continúan disputando territorio.
La administración federal promete que “no habrá impunidad”, pero los hechos recientes —bloqueos, ataques, asesinatos y la rápida reconfiguración de células criminales— contrastan con el mensaje oficial. A pesar de este golpe, Michoacán sigue siendo uno de los focos más críticos de inseguridad del país y un recordatorio de que la estrategia de seguridad del gobierno sigue lejos de contener a las organizaciones que operan con poder y presencia en la región.
