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Después de casi 11 años de incertidumbre y dolor, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa vuelve a hacer ruido, y esta vez con una detención que sacudió a más de uno. El jueves pasado, fue arrestada la exjueza Lambertina Galeana Marín, de 79 años, acusada por la desaparición de evidencia clave relacionada con este trágico episodio que marcó a todo México.
¿El motivo? La presunta desaparición de grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, Guerrero. Justo ahí fue donde los jóvenes fueron vistos por última vez, la noche del 26 de septiembre de 2014.
En aquel entonces, Marín era nada menos que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Su nombre no había sonado antes porque la Fiscalía General de la República (FGR), cuando giró órdenes de aprehensión en agosto de 2022, no dio detalles sobre quiénes eran los implicados. En esa ocasión, se señalaron a comandantes del ejército, policías y cinco funcionarios estatales, pero sin dar nombres. Ahora, el suyo salió a la luz.
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al arresto durante su mañanera del viernes. Confirmó que la fiscalía especial está echando un ojo muy serio al por qué desaparecieron esos videos, algo que, por cierto, las familias de los desaparecidos llevan exigiendo desde hace años.
Y es que la herida sigue abierta. Para muchos, esto solo refuerza la idea de que hubo un encubrimiento desde las más altas esferas. Felipe de la Cruz, padre de uno de los 43 y portavoz del grupo de padres, lo resumió así: “Un pacto de silencio sigue reinando”. Aun así, dejó claro que lo más importante es que la investigación no se detenga y se siga luchando por la verdad.
La desaparición ocurrió cuando los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se movilizaban por Iguala para participar en una protesta en honor a la masacre de Tlatelolco. Se sabe que fueron interceptados por la policía local y otras fuerzas de seguridad, y después… nada. Las imágenes de esa noche muestran un autobús lleno de agujeros de bala, pero el resto de los hechos sigue cubierto de sombras.
El caso no solo impactó al país, sino que también tuvo eco a nivel internacional. En 2022, el gobierno mexicano publicó un informe que calificó lo ocurrido como un “crimen de Estado”. Y en 2023, la ONU criticó a las Fuerzas Armadas por no colaborar del todo con el panel independiente que investigaba el caso. Ese mismo año, los expertos renunciaron frustrados por la “falta de transparencia” y las “pruebas ocultas”.
Claudia Sheinbaum llegó al poder en 2024 tras el mandato de López Obrador, quien no logró cumplir su promesa de esclarecer totalmente lo ocurrido con los normalistas. Ahora, con esta nueva detención, las familias mantienen viva la esperanza de que algún día se sepa toda la verdad.
