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La incertidumbre reina en México ante la pérdida de armas de tipo militar provenientes de Estados Unidos, según informes oficiales. Aunque el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, asegura que estas armas no pertenecen al ejército de su país, la falta de un registro preciso por parte del gobierno estadounidense genera dudas sobre la procedencia de estos armamentos.
El subsecretario del ejército estadounidense, Gabe Camarillo, admitió en octubre de 2023 que a veces no saben con certeza dónde se encuentra todo su equipo excedente. Esta falta de control se evidencia en la difícil tarea que enfrentan las autoridades para rastrear la lista de armas de alto poder entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México.
Las armas incluidas en la lista de la Sedena, que abarca desde ametralladoras hasta lanzacohetes, han sido incautadas en México desde 2018. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia de que estas armas provengan directamente de arsenales militares estadounidenses, según un vocero del Departamento de Estado.
El problema de rastrear armas de las fuerzas armadas estadounidenses radica en la vastedad de sus arsenales. Según informes de la agencia Ap en 2021, al menos mil 900 armas de fuego militares fueron perdidas o robadas durante la década de 2010-20. Este desafío se agrava con la venta legal de armas militares al público en Estados Unidos, gracias a leyes de control de armamento laxas.
El gobierno estadounidense enfrenta dificultades para garantizar el seguimiento de su equipo militar y, en consecuencia, la situación se vuelve aún más compleja en el ámbito internacional. A pesar de la mejora en el sistema de monitoreo de armas, según el ejército, persiste la incertidumbre sobre la cantidad de armas perdidas, robadas o cuya ubicación se desconoce.
El Congreso estadounidense, preocupado por estos informes, incluyó una medida en el proyecto de ley anual sobre política militar en 2021 para obligar al Pentágono a presentar un informe anual detallado sobre robos, pérdidas y recuperación de armas y municiones. Aunque el ejército sostiene que ha mejorado su sistema de monitoreo, el informe más reciente aún no ha sido compartido con el Congreso.
La falta de control en la venta de armas de alto poder en Estados Unidos ha generado críticas, ya que armas catalogadas como militares se venden legalmente al público. La débil legislación de control de armas permite que civiles adquieran un arsenal que en otros países sería exclusivo de las fuerzas armadas. Este escenario plantea interrogantes sobre la posible entrada de este tipo de armamento a manos de organizaciones criminales trasnacionales en México.
La controversia en torno a la procedencia y control de las armas militares desata una preocupación creciente en México y destaca la necesidad de fortalecer la legislación de control de armas a nivel internacional para evitar la proliferación de armamentos de alto poder en manos equivocadas.
