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Más de dos años han pasado desde las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini en manos de la policía de moralidad. Aunque el gobierno iraní intenta dar la sensación de que ya todo está bajo control, la cuestión del hiyab obligatorio sigue siendo una gran preocupación, especialmente con muchas mujeres que se niegan a llevarlo.
Recientemente, las autoridades han descuidado la aplicación de las estrictas leyes sobre el velo islámico. Sin embargo, muchas mujeres siguen desafiando las normas, pagando un alto precio por su rebeldía.
Los jueces en Irán tienen un poder considerable, y no dudan en imponer castigos que a veces rozan lo surrealista. A menudo, se combinan penas tradicionales con medidas simbólicas que buscan más que castigar, humillar.
Una de las figuras más conocidas afectadas por estos castigos ha sido Taraneh Alidoosti, la actriz famosa por su papel en la película “El Viajante”, ganadora de un Oscar en 2016. Alidoosti, conocida defensora del movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, desafió abiertamente la ley del hiyab al negarse a usarlo. Lo que parecía una reacción predecible se convirtió en una serie de restricciones muy raras para ella y otros personajes públicos.
El caso de Alidoosti llamó la atención cuando se le impidió viajar en un vuelo doméstico hacia la isla de Qeshm. Su abogado reveló que también se le prohibió realizar transacciones financieras, algo que se suma a las restricciones previas que le impidieron salir del país. Aunque un portavoz del poder judicial negó las acusaciones, las medidas evidencian la estrategia del gobierno para acallar a las voces críticas.
El control sobre figuras públicas es parte de una estrategia más amplia para evitar que se levanten voces disidentes. Este control va más allá de las normas, con sentencias que parecen más una forma de aislamiento profesional que de castigo físico.
Taraneh no es la única. Azadeh Samadi, otra actriz famosa, fue sancionada con seis meses sin redes sociales y, como si fuera poco, se le obligó a someterse a tratamiento psicológico por “trastorno antisocial de la personalidad”. También tuvo que presentar un certificado médico que confirmara su tratamiento.
La también actriz Afsaneh Bayegan vivió una experiencia similar: además de prohibírsele el acceso a redes sociales, se le ordenó asistir a terapia. Las reacciones de indignación no se hicieron esperar, tanto de la sociedad iraní como de juristas que cuestionaron la validez y el fundamento ético de estas medidas.
Otro personaje público afectado fue el director de cine Saeed Roustaee, conocido por su película “La familia de Leila”, quien recibió un castigo singular: prohibición de asociarse con otras figuras del cine. La condena también incluyó la orden de asistir a un curso sobre la “realización moral de películas”. Además, fue condenado a seis meses de prisión por “propaganda contra el régimen”.
El caso de Shervin Hajipour, un cantante que ganó un Grammy por su canción “Baraye”, también fue uno de los más polémicos. A Hajipour se le impuso una pena de prisión y la prohibición de viajar, pero lo más llamativo fue que se le obligó a estudiar y resumir dos libros religiosos.
Sin embargo, la reacción pública fue tan fuerte que las autoridades se vieron obligadas a revocar su condena. El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, criticó las sentencias y ordenó que las condenas fueran más razonables y evitaran generar controversias innecesarias.
El sistema judicial iraní no es nuevo en cuanto a sentencias creativas. A lo largo de los años, activistas y artistas han sido castigados con penas inusuales que buscan más humillarlos que hacer justicia. Aunque la flagelación y la cárcel siguen siendo parte de la rutina judicial, estas sentencias recientes tienen el objetivo de aislar socialmente a los condenados, afectando su vida profesional y su credibilidad.
Aunque el gobierno ha intentado cambiar su sistema judicial para hacerlo más transparente, los casos que involucran a activistas políticos y civiles siguen desarrollándose a puerta cerrada. Los opositores se enfrentan a restricciones sin la posibilidad de defenderse o, en muchos casos, ni siquiera saber que están condenados hasta que intentan embarcar en un avión y se dan cuenta de que están bloqueados.
