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El expresidente Pedro Castillo, quien está preso desde diciembre de 2022, recibió este jueves una sentencia de 11 años y medio de cárcel luego de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo encontrara responsable de rebelión y conspiración. Según el fallo, él y varios de sus colaboradores intentaron “atentar contra el orden constitucional” cuando anunció la disolución del Congreso en aquel accidentado 7 de diciembre.
La fiscalía, que no se andaba con medias tintas, había pedido 34 años de prisión para Castillo, mientras su defensa alegaba que todo se trató de una simple lectura de un documento sin apoyo de ninguna fuerza de seguridad, por lo que —decían— no podía considerarse rebelión.
Este episodio ocurrió apenas un año después de que Castillo llegara al poder tras una elección súper cerrada y en medio de meses donde no faltaron las broncas políticas, señalamientos de corrupción contra su gente cercana e incluso contra familiares.
Tras su destitución y posterior arresto, la presidencia quedó en manos de Dina Boluarte, pero su gobierno no duró: en octubre de este año fue removida por el Congreso por “incapacidad moral”. En su lugar quedó José Jerí, quien deberá terminar el periodo presidencial hasta julio de 2026.
En medio de este lío también cayeron varios excolaboradores. Entre ellos, Betssy Chávez, quien fungió como primera ministra. Ella, junto a otros funcionarios, fue señalada por participar en la emisión del decreto de Estado de excepción. Chávez actualmente está asilada en la embajada de México en Lima, situación que terminó por tensar las relaciones diplomáticas; de hecho, el propio Jerí impulsó la ruptura con México, decisión confirmada por el Congreso peruano.
En ausencia, Chávez fue condenada igualmente a 11 años y medio de prisión, misma pena que recibió el exministro del Interior Willy Huerta. Por su parte, Aníbal Torres, asesor de Castillo, obtuvo una condena de 6 años y ocho meses.
Castillo, por cierto, compartirá prisión con varios expresidentes de Perú que también han caído en desgracia: Alejandro Toledo (20 años por corrupción), Ollanta Humala (15 por lavado de activos) y Martín Vizcarra (14 por sobornos). Ahí nomás, la “exzona presidencial”.
