amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
El miércoles, agentes del FBI irrumpieron en la casa de la periodista Hannah Natanson, del Washington Post, en el marco de una investigación sobre filtraciones de información clasificada. La medida es extremadamente rara, incluso en casos de seguridad nacional, y marca un incremento significativo en las tácticas del gobierno de Donald Trump contra los medios.
Durante el cateo, los agentes se llevaron computadoras portátiles, un teléfono y un reloj inteligente, aunque según los investigadores, Natanson no era el blanco principal de la pesquisa. La periodista ha pasado el último año documentando los movimientos del gobierno de Trump para despedir y reubicar a empleados federales, muchos de los cuales compartieron con ella su frustración, miedo y enojo ante los cambios.
Según documentos judiciales, la investigación se centra en Aurelio Perez-Lugones, un administrador de sistemas en Maryland con acceso a información clasificada de alto nivel, quien presuntamente imprimió y trasladó documentos confidenciales a su casa. Los fiscales sospechan que Perez-Lugones manipuló información sensible sobre un país extranjero no identificado.
En un comunicado, la fiscala general Pam Bondi explicó que el cateo se hizo a solicitud del Pentágono, para recabar pruebas relacionadas con una periodista “que estaba obteniendo y reportando información clasificada filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono”.
Expertos en libertad de prensa calificaron la acción como una escalada peligrosa que amenaza la independencia de los medios. Jameel Jaffer, del Instituto Knight de la Universidad de Columbia, advirtió sobre el efecto escalofriante que esto podría tener en el trabajo periodístico legítimo, mientras que Bruce Brown, del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, lo consideró uno de los registros más invasivos que pueden hacer las fuerzas de seguridad, y recordó que estas medidas deberían reservarse solo para casos extremos.
Natanson compartió algunos mensajes de funcionarios federales que recibió mientras cubría su trabajo: “Comprendo los riesgos, pero difundir la verdad es mucho más importante”, le dijo un empleado del Departamento de Defensa. Otro, del Departamento de Justicia, comentó: “Nunca pensé que filtraría información de esta manera”.
Históricamente, el uso de órdenes de cateo contra periodistas ha causado escándalos. En 2013, un caso similar involucró a un periodista de Fox News, generando cambios en la política del Departamento de Justicia bajo Eric Holder, que prohibieron presentar a reporteros como delincuentes para conseguir órdenes de registro, salvo que realmente fueran sospechosos de un delito. En 2021, Merrick Garland reforzó esas reglas tras intentos del primer mandato de Trump de acceder a registros de medios como The New York Times, CNN y el Washington Post.
Sin embargo, Bondi revirtió parcialmente esta política el año pasado, permitiendo nuevamente que investigadores usen cateos contra periodistas, eliminando la restricción de Holder sobre eludir la ley presentando a reporteros como sospechosos. Esto abre un debate sobre los límites de la Primera Enmienda frente a investigaciones de filtraciones y seguridad nacional.
El tema se enmarca también en casos históricos de aplicación de la Ley de Espionaje, que prohíbe difundir información delicada sobre defensa nacional sin autorización. Aunque tradicionalmente no se aplicaba a periodistas, el gobierno de Trump traspasó esa barrera al imputar a Julian Assange de WikiLeaks, por recibir y publicar documentos filtrados por Chelsea Manning. Más recientemente, Trump mismo enfrentó acusaciones bajo la misma ley por conservar documentos clasificados tras dejar el cargo, aunque el caso se cerró tras su reelección en 2024.
Esta acción del FBI vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre seguridad nacional y libertad de prensa, y despierta preocupación sobre hasta dónde puede llegar el gobierno para acceder a información periodística sin comprometer el derecho de los medios a informar.
