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El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, concretó tres operaciones de financiamiento a largo plazo por un monto total de 11,471.3 millones de pesos. Estos recursos están destinados a refinanciar parcialmente compromisos existentes y financiar proyectos estratégicos aprobados para el ejercicio fiscal 2024.
La primera operación se realizó con Citibanamex por un monto de hasta 3,000 millones de pesos, con una tasa fija del 9.5423 % y un plazo de 10 años. Según el gobierno capitalino, esta tasa fue menor al bono de referencia, lo que refleja condiciones favorables en el mercado financiero.
La segunda operación, llevada a cabo con Banobras, alcanzó un monto de hasta 3,702.8 millones de pesos a un plazo de 20 años. La tasa ponderada fue del 10.52 %, también considerada competitiva en comparación con las referencias para este plazo.
La tercera transacción, igualmente con Banobras, fue por 4,768.6 millones de pesos a un plazo de 10 años, con una tasa TIIE a un día hábil más una sobretasa ponderada de 0.46 %. Este esquema variable busca optimizar los costos del financiamiento, según las autoridades locales.
El gobierno de la CDMX calificó estas operaciones como un reflejo de la solidez económica y financiera de la capital, destacando que las colocaciones se realizaron con éxito en condiciones competitivas del mercado. Este financiamiento marca la culminación de las contrataciones crediticias previstas para 2024, según lo aprobado por el Congreso de la Unión.
Aunque las autoridades celebraron los resultados, estas decisiones también han generado interrogantes sobre el manejo de la deuda pública y los compromisos a largo plazo que estos financiamientos representan. Los críticos señalan que, si bien las tasas pueden ser favorables, el creciente endeudamiento podría limitar la flexibilidad financiera de futuros gobiernos, especialmente en un entorno económico incierto.
Con este paquete de financiamiento, el gobierno capitalino busca avanzar en proyectos clave, pero el reto persiste en garantizar que estos recursos se administren de manera eficiente y que los beneficios lleguen directamente a la población. La vigilancia sobre el uso de estos fondos será crucial para evaluar el impacto real de estas operaciones en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.
