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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha intensificado sus esfuerzos para convencer a los acreedores de Altán Redes de vender la deuda de la empresa de telecomunicaciones a tan solo el 10% de su valor nominal. Este plan, conocido como “Proyecto Quetzal,” busca liquidar una deuda que asciende a 1,737 millones de dólares, mientras la paraestatal ofrece pagar solo 173 millones, lo que representa un impacto significativo en las finanzas de las empresas acreedoras.
Hasta la fecha, 13 de las 100 compañías acreedoras han aceptado la oferta de CFE, entre las que destacan firmas como Hispasat, AT&T y Mexico Tower Partners. Sin embargo, una gran mayoría de acreedores, incluidas gigantes tecnológicas como Huawei y Nokia, han rechazado la propuesta, considerando que una quita del 90% en sus créditos es inaceptable, especialmente dado el papel clave que jugaron en la construcción de la red de Altán.
La CFE ha convocado a una reunión los días 12 y 13 de agosto para seguir presionando a los acreedores indecisos. Durante esta sesión, que se realizará de manera virtual, se detallarán los pasos a seguir para aquellos que decidan aceptar la oferta. A pesar de estos intentos, las negociaciones siguen siendo complicadas, y muchos acreedores continúan evaluando sus opciones, conscientes de que la oferta de la CFE representa una pérdida significativa de sus inversiones originales.
La deuda de Altán Redes, que fue sometida a un proceso de concurso mercantil en 2022, sigue siendo un tema delicado. Aunque la empresa ha recibido apoyo del gobierno para continuar operando, el manejo de esta deuda pone en tela de juicio la viabilidad financiera a largo plazo de la red que atiende a millones de usuarios en México.
El plan de CFE, que forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer su presencia en el sector de telecomunicaciones, no ha logrado convencer a todos los acreedores, y la incertidumbre sobre el futuro de Altán continúa afectando tanto a la empresa como al gobierno federal, que tiene un gran interés en mantener la red operativa para apoyar sus programas sociales y estrategias de conectividad.
Este escenario plantea serios desafíos para la CFE, que a pesar de su amplio presupuesto, enfrenta la resistencia de algunas de las empresas más importantes del sector. La resolución de este conflicto será crucial no solo para el futuro de Altán, sino también para la credibilidad de las políticas de infraestructura y telecomunicaciones promovidas por la administración actual.
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