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Claudia Sheinbaum anunció la intervención del Gobierno federal en Michoacán con un supuesto plan de paz y justicia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Aunque intenta presentarlo como una estrategia distinta, la iniciativa revive esquemas aplicados en sexenios anteriores: despliegue de fuerzas federales, creación de oficinas presidenciales y nuevas fiscalías, sin resolver la raíz del problema. Este crimen se suma a otros seis asesinatos de alcaldes durante la administración del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, lo que evidencia el colapso de seguridad en el Estado.
Sheinbaum rechazó que su plan implique militarización, pero confirmó el fortalecimiento de la presencia de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras fuerzas en coordinación con autoridades locales. La medida recuerda al Operativo Conjunto Michoacán de Felipe Calderón en 2006 y al nombramiento del comisionado especial Alfredo Castillo por Enrique Peña Nieto en 2014. Pese a negar que repite estrategias fallidas, la presidenta apuesta por la misma receta que no ha logrado devolver la paz a esta región dominada por el crimen.
Entre las acciones anunciadas se incluye la instalación de oficinas de la Presidencia en varios municipios, comenzando por Uruapan, además de una Fiscalía Especializada para delitos de alto impacto, Mesas de Seguridad quincenales y mecanismos de denuncias anónimas por extorsión. También prometió un sistema de alerta para los 113 presidentes municipales, muchos de los cuales han sido víctimas de amenazas, secuestros o asesinatos. Sin embargo, estas propuestas se asemejan a intentos anteriores que quedaron rebasados por la violencia y la complicidad institucional.
El alcalde Carlos Manzo había advertido al Gobierno federal del riesgo que enfrentaba y pidió protección meses antes de ser asesinado durante las celebraciones del Día de Muertos. Su muerte, como la de otros líderes agrícolas como Bernardo Bravo y Alejandro Torres Mora, refleja el abandono del Estado ante el poder de los grupos criminales. La administración de Ramírez Bedolla no ha logrado contener la violencia, y ahora Sheinbaum intenta contener la crisis recurriendo a tácticas que ella misma criticó en campaña.
Desde Estados Unidos, la Casa Blanca condenó el asesinato de Manzo y reiteró que el presidente Donald Trump mantiene presión sobre México en materia de combate al narcotráfico. Mientras tanto, en su conferencia matutina, Sheinbaum acusó a la oposición de politizar el crimen y afirmó que revelará quiénes están detrás de campañas en redes sociales para desprestigiar a su gobierno. Aseguró que su plan no se impondrá con guerras, sino con responsabilidad y diálogo, aunque los hechos muestran lo contrario.
La presidenta también mencionó proyectos de desarrollo económico, infraestructura rural, salarios para jornaleros y 13 acciones en educación y cultura para la paz. No obstante, la incertidumbre persiste: Michoacán vive una espiral de violencia que ni Morena ni sus predecesores han podido revertir, y este nuevo plan parece más un intento de control político que una solución real para un Estado cansado de promesas incumplidas.
