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En 2019, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación tras recibir denuncias de presunta manipulación de precios en gasolineras de México. La pesquisa reveló que establecimientos de una misma organización registraban sus tarifas ante la autoridad con una sincronización asombrosa y una diferencia máxima de tres centavos, una práctica que levantó sospechas y condujo a una investigación formal en junio de ese año.
Andrea Marván Saltiel, presidenta de Cofece, explicó que la investigación se extendió hasta 2022, y el organismo encontró pruebas de colusión entre múltiples empresas gasolineras para fijar precios al consumidor. Durante siete años, al menos 52 gasolineras y 18 directivos participaron en prácticas anticompetitivas para mantener los precios del combustible en su nivel más alto posible, afectando los bolsillos de millones de mexicanos. Este martes, Cofece anunció multas que ascienden a 437.9 millones de pesos.
Uno de los encuentros clave se celebró en un foro de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), donde se alcanzaron acuerdos para evitar la reducción de precios. Este caso subraya el impacto negativo que tuvo en los consumidores, aunque calcular los daños económicos es prácticamente imposible debido a la extensión y constancia de la colusión.
La magnitud de estas prácticas anticompetitivas es alarmante. Por ejemplo, en Mérida, el 20% de las gasolineras participó en la fijación de precios, mientras que en Irapuato fue el 25%. Según datos del INEGI, las familias mexicanas destinaron en 2022 un promedio de 1,687 pesos mensuales al combustible, cifra que puede representar hasta el 10% de los ingresos en sectores de menor poder adquisitivo.
Para llegar a esta conclusión, Cofece analizó grandes volúmenes de datos, revisando tanto los precios como los tiempos de registro de las tarifas. Marván indicó que las tarifas se reportaban a las autoridades en sincronía casi perfecta, con diferencias de apenas segundos, lo que confirmó la existencia de un acuerdo coordinado para manipular los precios.
Ahora, las empresas sancionadas podrán impugnar las resoluciones ante el Poder Judicial. Mientras tanto, Cofece continúa supervisando las prácticas de las gasolineras en el país, con el objetivo de prevenir futuros intentos de fijación de precios que perjudiquen la economía de los consumidores.
