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Las autoridades locales de la Ciudad de México han identificado la participación de grupos criminales en el despojo de inmuebles en la ciudad, una práctica que involucra la explotación reiterada de viviendas abandonadas en diversas zonas. Según el Plan de Política Criminal 2023 presentado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ), estas organizaciones criminales actúan en contra de adultos mayores y utilizan viviendas abandonadas en áreas urbanas y colonias de alta plusvalía, así como en regiones ejidales de Tláhuac y Xochimilco.
La FGJ ha detectado que estos grupos criminales emplean estrategias como la compraventa mediante contratos falsos, daciones en pago y juicios civiles que involucran documentación falsificada. Participan abogados, notarios, arquitectos y grupos violentos en la ejecución de estos actos delictivos. Para abordar este problema, se ha implementado una estrategia denominada “mesa de despojos”, en la que se aseguran los inmuebles objeto de despojo y se investiga y analiza la documentación para determinar los derechos legítimos de los propietarios.
Esta mesa de despojos involucra a varias entidades y dependencias, incluyendo la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la FGJ, la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu), la Policía de Investigación, entre otros. La idea es agilizar la integración de carpetas con informes y acciones que permitan la recuperación de inmuebles y su entrega a los legítimos dueños.
Además, como parte del Programa de Persecución Penal 2023, la FGJ planea presentar una iniciativa de reforma al tipo penal del delito de despojo para permitir la detención en flagrancia del despojante. También se enfocarán en aumentar el número de aseguramientos y restituciones de inmuebles, colaborando con instituciones como la Procuraduría Social y el Tribunal Superior de Justicia.
En resumen, las autoridades están intensificando sus esfuerzos para combatir el despojo de inmuebles en la Ciudad de México, mediante la implementación de estrategias como la mesa de despojos y la propuesta de reformas legales que permitan una acción más efectiva en contra de los involucrados en este tipo de delito.
