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La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunció que la próxima semana instalará una Comisión Consultiva para revisar la permanencia o posible eliminación del Monto Independiente de Recuperación, un instrumento que ha sido pieza central de la política salarial reciente, pero que hoy enfrenta crecientes cuestionamientos por sus efectos colaterales. La discusión se da en un contexto de mayor presión laboral y de una estrategia gubernamental que empieza a mostrar límites.
El objetivo formal de la comisión será evaluar si el MIR sigue cumpliendo su función original de evitar una indexación generalizada de salarios o si, por el contrario, se ha convertido en un factor de distorsión dentro de un mercado laboral cada vez más comprimido. El propio organismo reconoce que el esquema ya no opera en el mismo entorno económico en el que fue diseñado.
Luis Munguía, presidente de la Conasami, admitió que la creación de esta comisión responde a la falta de acuerdos dentro del Consejo de Representantes. Mientras el sector obrero insiste en que el MIR debe desaparecer porque limita la negociación colectiva, el sector empresarial advierte que retirarlo podría generar presiones inflacionarias, especialmente cuando el discurso oficial sigue afirmando que la recuperación del salario mínimo aún no se completa.
La Comisión Consultiva se instalará formalmente el martes 27 de enero y estará integrada por representantes sindicales, empresariales y especialistas externos. Entre los perfiles considerados se encuentran funcionarios de dependencias federales, académicos y economistas de instituciones como el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la UNAM o el ITAM, en un intento por dotar de respaldo técnico una discusión que ha sido fuertemente politizada.
Desde la propia Conasami se reconoce que el MIR permitió elevar el salario mínimo de manera acelerada sin trasladar automáticamente esos incrementos al resto de los salarios contractuales. Sin embargo, el costo ha sido una creciente compactación salarial que ha reducido las diferencias por antigüedad, responsabilidad o especialización, generando malestar entre trabajadores que, pese a mayores funciones, perciben ingresos muy cercanos al mínimo legal.
La comisión deberá determinar si eliminar el MIR ayudaría a descomprimir los tabuladores salariales o si implicaría riesgos macroeconómicos adicionales. La intención oficial es contar con conclusiones antes de septiembre, previo a la negociación salarial de fin de año, en un intento por evitar otro cierre marcado por confrontaciones y decisiones apresuradas desde el poder.
Más allá del MIR, la Conasami anticipa que 2026 estará marcado por el análisis de la reducción de la jornada laboral y el impacto del salario mínimo en la participación femenina. Aunque el gobierno federal insiste en presentar estos temas como avances estructurales, la realidad es que muchas empresas ya están ajustando por su cuenta ante la incertidumbre regulatoria, dejando claro que la política laboral oficial avanza más por presión que por consenso o planeación sólida.
