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#ConflictosReligiosos en #Coamila: Desplazados sin Solución tras un Mes.

El pastor Rogelio Hernández denunció en una rueda de prensa virtual el pasado 15 de mayo que los funcionarios locales y estatales están favoreciendo a la comunidad católica en lugar de aplicar imparcialmente la ley. Este conflicto surge a raíz del desplazamiento forzado de 172 personas de Coamila, debido a su afiliación religiosa evangélica, quienes han sido marginados en Rancho Nuevo, donde las autoridades parecen priorizar los usos y costumbres locales sobre la Constitución Mexicana.

Hernández, perteneciente a la congregación “La Gran Comisión” de la Iglesia Bautista Fundamental, ha estado involucrado en las negociaciones con las autoridades municipales interinas y estatales. Sin embargo, un mes después del desplazamiento, aún no se ha logrado restablecer la justicia ni garantizar el retorno seguro de las familias a sus hogares.

El incidente original ocurrió hace un mes, cuando Mateo Hernández Hernández, un militar en período de vacaciones, cortó el suministro eléctrico a las viviendas de los evangélicos. Ante las amenazas de vecinos católicos, muchas familias optaron por huir o fueron desplazadas a la fuerza.

Este caso se suma a otros incidentes de intolerancia religiosa que han ocurrido en la región desde 2015, incluyendo la negación de acceso a la educación pública y gratuita para los niños evangélicos en Rancho Nuevo, sin que hasta ahora ningún gobierno haya tomado medidas efectivas al respecto.

Pablo Vargas Jiménez, director de Impulso 18 y representante en México de Solidaridad Cristiana Mundial, respaldó estas denuncias durante la conferencia de prensa virtual, mencionando al menos otras 20 evidencias de intolerancia religiosa en la zona.

Tanto Hernández como Vargas enfatizan que la Ley de Libertad y Creencia Religiosa en México debe prevalecer sobre los usos y costumbres locales, de acuerdo con la Constitución Política del país.

Mientras tanto, los 172 desplazados, entre ellos niños, mujeres (incluyendo tres con diabetes) y hombres, necesitan urgentemente ayuda humanitaria en el refugio temporal ubicado en la unidad deportiva Colalambra. Rogelio Hernández solicitó colchonetas, alimentos no perecederos, insulina y atención médica adecuada, ya que solo cuentan con la asistencia de una enfermera.

En contraste, los funcionarios municipales y estatales parecen presionar a los desplazados para que abandonen su religión y se adapten a las condiciones impuestas por la mayoría católica si desean regresar a sus hogares.

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Autor Itzel G. Bandala

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