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El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto para investigar a los alcaldes panistas Alessandra Rojo de la Vega (Cuauhtémoc) y Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo) por presuntamente financiar y movilizar grupos violentos durante la marcha de la Generación Z. La mayoría oficialista aprovechó el episodio para acusar a ambos funcionarios de utilizar recursos públicos con fines políticos, aun cuando las indagatorias siguen incompletas y sin pruebas contundentes presentadas ante la ciudadanía.
La bancada de Morena impulsó la iniciativa, encabezada por Xóchitl Bravo, advirtiendo incluso que podría iniciarse un juicio político si “persisten estas conductas”. La narrativa oficial busca responsabilizar a las alcaldías de oposición por la aparición de comerciantes ambulantes y presuntos “golpeadores”, sin aclarar por qué el Gobierno de la Ciudad no pudo prevenir los hechos de violencia ocurridos el sábado anterior, pese a contar con protocolos de inteligencia y despliegues policiales que dependen directamente de la administración de Claudia Sheinbaum.
Durante el debate, diputados oficialistas exhibieron nombres de supuestos operadores políticos vinculados al PRI y al PAN. Sin embargo, varias de las personas mencionadas negaron públicamente las acusaciones o señalaron presiones desde el propio gobierno capitalino. Aun así, Morena impulsó la creación de una comisión especial, una medida que opositores califican como un intento de persecución política y de control narrativo frente al creciente descontento juvenil evidenciado en la marcha.
En el caso de Rojo de la Vega, la ofensiva del Congreso coincidió con semanas de confrontación pública entre la alcaldesa y el gobierno capitalino, lo que refuerza la percepción de que la acusación tiene un componente político más que jurídico. Tabe, por su parte, fue incluido bajo el mismo argumento, pese a que todavía no se han presentado pruebas verificables que lo vinculen con grupos que enfrentaron a policías en el Zócalo.
El exhorto aprobado también solicita a la Contraloría capitalina investigar a ambos alcaldes y pide a las dirigencias del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano “condenar los actos de violencia”, mientras se omite cualquier autocrítica sobre el actuar policial o el manejo gubernamental de la protesta. Para la oposición, se trata de una estrategia que pretende desviar la atención del creciente malestar social hacia un discurso de culpabilidad fabricada.
Morena insiste en que hubo movilización de comerciantes bajo amenazas de retiro de permisos, pero ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana han esclarecido el origen real de los grupos violentos ni el motivo por el cual la autoridad local permitió su avance hasta el primer cuadro de la ciudad. En contraste, organizaciones civiles cuestionan la falta de transparencia del gobierno capitalino y la rapidez con la que se buscó responsabilizar a alcaldes opositores.
El clima político se tensa en la capital mientras avanza la narrativa oficialista. Para diversos observadores, el Congreso utiliza la marcha de la Generación Z como herramienta para acorralar a opositores y blindar la imagen del gobierno local, sin atender el descontento social que originó la manifestación. El caso podría escalar si la Fiscalía adopta la línea marcada por el Congreso, lo que abriría una nueva confrontación política en la capital.
