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El Congreso de Zacatecas aprobó el desafuero del alcalde de Apulco, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, ante señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida, impulsada por la Fiscalía General del Estado (FGE), busca que el alcalde quede a disposición de las autoridades competentes para enfrentar acusaciones de homicidio calificado y asociación delictuosa.
Con 28 votos a favor y solo una abstención, la 65 Legislatura dio luz verde a la remoción del fuero de Jáuregui, una decisión que pretende responder a la solicitud de la FGE y permitir la continuidad de las investigaciones en su contra. La decisión fue avalada por la totalidad de los legisladores presentes, quienes señalaron la gravedad de los señalamientos y la importancia de esclarecer la relación entre el funcionario y posibles actividades ilícitas.
Jáuregui asumió la presidencia municipal de Apulco apenas el pasado 15 de septiembre. Sin embargo, desde su campaña por el partido Movimiento Ciudadano, circularon en redes sociales audios que sugerían posibles relaciones con miembros del crimen organizado, específicamente con Gerardo González Ramírez, también conocido como el Gera, el Güero o el Apa, presunto lugarteniente del CJNG en la región de Zacatecas y Jalisco.
El desafuero aprobado implica que el alcalde perderá la inmunidad procesal que le otorgaba su cargo, dejándolo expuesto a ser juzgado por las autoridades correspondientes. La FGE considera este paso necesario para esclarecer los crímenes de los cuales se le acusa y abordar la problemática de seguridad en Zacatecas, estado que en los últimos años ha enfrentado serios desafíos ante el aumento de la actividad del crimen organizado.
Aunque el partido Movimiento Ciudadano no ha emitido una postura oficial al respecto, las investigaciones avanzan, y este caso subraya el nivel de penetración del crimen organizado en la política local. La FGE y la legislatura estatal han defendido la importancia de esta acción, destacando la necesidad de frenar cualquier vínculo entre los cargos públicos y las organizaciones criminales, que continúan afectando la seguridad y la integridad de las comunidades en Zacatecas.
