En un episodio inusual y con presuntas irregularidades procedimentales, el ministro Javier Laynez Potisek, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tomó decisiones cruciales en menos de 24 horas sobre la controversia constitucional en Nuevo León, donde se ordena que el gobernador interino sea Luis Enrique Orozco Suárez.
Los registros electrónicos, a los que La Jornada tuvo acceso, indican que Laynez primero concedió la suspensión solicitada y luego admitió el trámite, un proceso que generalmente sigue el orden inverso desde el punto de vista jurídico.
La SCJN, a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), emitió un comunicado a las 23:30 del viernes pasado, anunciando la decisión de Laynez de que Orozco Suárez fuera el gobernador sustituto, apenas 13 minutos antes de que el Poder Ejecutivo y el Congreso de Nuevo León fueran notificados formalmente, según los registros del sistema electrónico del tribunal.
Con esta situación y la solicitud de reincorporación de Samuel García al cargo de gobernador, existe la posibilidad de que las controversias se desechen por falta de materia. No obstante, no hay disposiciones claras en la ley de Nuevo León sobre cómo García debe dar por cancelada su licencia.
En el acuerdo de ampliación dictado por Laynez Potisek, también se desestimó la pretensión del Congreso de invalidar la sentencia del juzgado tercero en materia de trabajo sobre la forma en que el Congreso local debería designar al gobernador sustituto. Laynez Potisek resolvió que el encargado del despacho sería Javier Luis Navarro Velasco.
El 23 de octubre, Samuel García solicitó licencia para contender por la Presidencia de la República, siendo autorizada por el Congreso local el 25 de octubre. Designó a Javier Navarro Velasco como mandatario interino, generando una controversia constitucional.
La actuación de Laynez Potisek en este caso ha levantado interrogantes sobre la rapidez y el proceso seguido, marcando un episodio excepcional en los procedimientos judiciales de la SCJN. La controversia y las posibles implicaciones legales siguen en desarrollo.