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El 22 de agosto de 2024, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hizo un llamado urgente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que respete la carrera judicial y los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF). La solicitud se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial.
COPARMEX ha expresado su preocupación por las recientes propuestas de reforma que, según la confederación, podrían afectar la autonomía del poder judicial y la estabilidad laboral de sus empleados. La organización empresarial argumenta que las modificaciones propuestas comprometen la independencia de la judicatura y ponen en riesgo los derechos laborales de los jueces y empleados del PJF.
La confederación también señaló que estas reformas podrían tener un impacto negativo en la calidad de la administración de justicia en México. Al intervenir en el funcionamiento interno del poder judicial, el gobierno estaría socavando los principios de separación de poderes y afectando la confianza pública en el sistema judicial.
Además, COPARMEX cuestiona las intenciones del gobierno detrás de estas reformas, sugiriendo que podrían estar motivadas por razones políticas más que por un deseo genuino de mejorar la justicia en el país. La preocupación por una posible influencia política en las decisiones judiciales es un tema central en el debate actual.
El llamado de COPARMEX subraya la necesidad de un diálogo más abierto y transparente entre el gobierno y los sectores involucrados en la administración de justicia. La confederación ha instado al Ejecutivo a reconsiderar las propuestas y buscar soluciones que garanticen la autonomía judicial y los derechos de los trabajadores del PJF.
La reacción del gobierno a esta exigencia será determinante para el futuro de las reformas propuestas y para la percepción pública del compromiso del Ejecutivo con la justicia y el respeto a las instituciones. La COPARMEX y otros actores del sector seguirán de cerca el desarrollo de esta situación para evaluar sus repercusiones en el sistema judicial del país.
