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Un reciente informe de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) revela la alarmante conexión entre el crimen organizado y la devastadora práctica de la tala clandestina en México. Durante la administración pasada (2013-2018), se estima que el 70% del volumen de madera comercializada en el país provino de esta actividad ilegal. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente identifica 122 áreas críticas relacionadas con ilícitos forestales.
La dependencia señala que la tala clandestina y el comercio ilegal están vinculados a las dificultades que enfrentan los productores forestales al incorporarse a la explotación de pequeños predios, donde la producción es poco rentable y existen litigios y conflictos agrarios. La presencia del crimen organizado en áreas rurales agrava aún más la situación.
El impacto de la extracción ilegal de madera se refleja en la competencia desleal con la producción legal, ya que la madera clandestina, al evadir impuestos y costos de manejo forestal, resulta más económica, deprimiendo los precios y afectando a los productores legales. Además, este fenómeno contribuye directamente a la degradación del recurso forestal y a la pérdida de biodiversidad.
La crisis en el sector forestal se manifiesta también en la creciente dependencia del país de las importaciones de productos forestales, lo que resulta en un déficit de la balanza comercial que alcanzó los 8,875 millones de dólares en 2022, casi 2,000 millones más que el año anterior.
Frente a esta problemática, la Conafor propone acciones como el fortalecimiento de la fiscalización mediante el trabajo de inteligencia, el aumento de la producción en terrenos forestales, la promoción del consumo responsable, el estímulo a la certificación del buen manejo forestal y la cadena de custodia, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad con la aplicación de sanciones ejemplares.
