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La situación que atraviesan los cooperativistas en Hidalgo es alarmante, y por eso el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, aseguró que se están tomando medidas para salvaguardar su seguridad. En una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, se reveló que ya se han arrestado a 120 personas por su implicación en los disturbios en Jasso, que están afectando a la Cooperativa Cruz Azul en la región de Tula.
Olivares Reyna comentó: “Es crucial entender que esto es un conflicto entre particulares. Sin embargo, el gobierno estatal tiene un gran interés en resolverlo, ya que está impactando las actividades cotidianas de la población y vulnerando derechos laborales. Esto afecta la tranquilidad de todos”.
Durante la misma rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, explicó el operativo realizado para impedir que un grupo de personas, que llegó en cuatro autobuses desde el Estado de México, armadas con palos y machetes, tomara por la fuerza las instalaciones de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul. La alerta al 911 hizo que los cuerpos de seguridad, tanto municipales como estatales, se movilizaran rápidamente, logrando restablecer el orden a las seis de la mañana.
El secretario de Gobierno también indicó que se busca solucionar esta problemática mediante la disposición y voluntad de las partes afectadas, destacando la importancia de la equidad y la justicia.
“Estamos realmente preocupados por la delicada situación que enfrentan los cooperativistas hidalguenses. Por eso, nuestra prioridad es cuidar su seguridad personal, como lo hicimos hoy”, afirmó Olivares Reyna.
Las 120 personas detenidas ahora enfrentarán el proceso legal correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Irám González Pérez, subprocurador Oriente, informó que la dependencia está recibiendo denuncias a través de la Unidad de Alto Impacto y trabajando en las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
La PGJEH ha puesto a disposición de la comunidad las agencias del Ministerio Público en la región Tula-Tepeji, invitando a los ciudadanos a denunciar cualquier acto delictivo relacionado con este conflicto.
Para garantizar la seguridad en la zona, las instalaciones y alrededores de la planta serán custodiadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) y la Policía Municipal, asegurando así la protección de todos los habitantes del área.
Finalmente, Raúl Serret Lara, coordinador general Jurídico del Estado, abordó los aspectos legales en torno a los conflictos en la cementera. Subrayó que, aunque el gobierno de Hidalgo no puede emitir juicios sobre incidentes entre particulares, sí puede actuar como mediador en las negociaciones para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos, especialmente a quienes no han podido trabajar desde que estalló el conflicto.
“Una parte está vulnerando los derechos de la otra. El derecho al trabajo es fundamental y, dentro de la cooperativa, nadie puede ser obligado a salir sin la autorización de una asamblea general. Si esta asamblea no valida la expulsión, esta es completamente ilícita”, advirtió.
La seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos son la prioridad del gobierno de Hidalgo, que trabaja en conjunto con su Gabinete de Seguridad para asegurar que ningún delito quede sin castigo.
