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El caso de Gabriela Hernández Esparza dio un giro inesperado: pasó de ser víctima a señalada como presunta deudora alimentaria, luego de que un juez decidiera vincularla a proceso por no cubrir la pensión de su hija, a quien le fue retirada hace ocho años.
Todo comenzó en 2017, cuando su expareja se llevó a la menor que ambos procrearon y, tras ganar la custodia, le exigió una pensión alimenticia. Sin embargo, Gabriela no pudo pagar el monto mensual que se le fijó, ya que no contaba con un trabajo estable ni ingresos formales.
Con el paso del tiempo, el adeudo creció hasta alcanzar los 180 mil pesos, lo que la llevó a enfrentar un nuevo proceso legal. En su momento, intentó solicitar una reducción del pago, pero las autoridades no aprobaron su petición.
Fue hasta el 20 de octubre cuando compareció por primera vez ante los Juzgados Penales de Pachuca, ya no como denunciante, sino como imputada, luego de que el Ministerio Público de la Procuraduría de Hidalgo la acusara formalmente del incumplimiento.
Durante la primera audiencia pidió más tiempo para revisar su caso junto a sus abogados, pero al reanudarse la sesión, el juez Jesús Anim Ope Islas consideró que existían suficientes elementos para vincularla a proceso.
Por ahora, Gabriela enfrentará el juicio en libertad, aunque seguirá bajo investigación durante los próximos dos meses, mientras se define si realmente incurrió en el delito o si la historia de esta madre dará otro giro más.
Una historia que deja ver cómo la vida puede cambiar drásticamente cuando las leyes y las circunstancias se cruzan.
