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Un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores revela que durante una década la DEA incrementó su personal en México bajo los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, realizando espionaje contra miembros del gabinete presidencial.
La DEA, aprovechando concesiones otorgadas por ambos mandatarios, aumentó su presencia de 54 a 70 agentes y de 32 a 41 técnicos administrativos, llevando a cabo injerencias y violaciones constitucionales.
Este aumento permitió a la DEA interceptar y grabar llamadas telefónicas de integrantes de los gabinetes, exponiendo la corrupción en la lucha contra el narcotráfico.
En 2019, arrestaron a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, y en 2020, detuvieron al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de Peña Nieto, por cargos de colusión con el narcotráfico.
La administración de López Obrador, a través de nuevas leyes de seguridad, limitó la actividad de la DEA en México, obligando a la agencia a reportar sus actividades mensualmente a la Cancillería.
Desde 1992, la DEA operaba en México bajo reglas específicas, pero con Calderón y Peña Nieto, su poder y presencia aumentaron significativamente, llevando a traiciones que dejaron una marca imborrable en sus administraciones.
