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La grave escasez de agua en zonas marginadas de Iztapalapa y Xochimilco ha derivado en una situación alarmante: mujeres de bajos recursos son obligadas a intercambiar sexo por agua, una práctica de extorsión ejecutada por algunos operadores de pipas. Jorge Alberto Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, reveló esta realidad durante un foro de parlamento abierto sobre el agua, organizado por el Congreso de la Ciudad de México.
Según Arriaga, la falta de agua no solo afecta el bienestar físico y económico de las familias, sino que también tiene una dimensión de violencia de género. En una encuesta aplicada a 600 mujeres de estas alcaldías, 5 por ciento declaró haber experimentado extorsión sexual por parte de operadores de pipas para acceder al agua. Además, la mitad de las encuestadas indicaron haber sufrido violencia sexual en sus interacciones con estos trabajadores.
El investigador destacó que esta situación representa una de las formas más extremas de corrupción, intensificada por la falta de una distribución frecuente del agua en estas zonas. Al ser las mujeres quienes suelen encargarse de abastecer agua en sus hogares, deben esperar a que llegue la pipa, situación que, sin la vigilancia adecuada, permite a los operadores cobrar de manera abusiva, ya sea mediante pagos monetarios o, en casos de vulnerabilidad extrema, exigiendo favores sexuales.
Arriaga enfatizó que las comunidades con menos recursos enfrentan las mayores injusticias en el acceso al agua. Además de sufrir extorsiones, se estima que los hogares con ingresos de 4,700 pesos mensuales destinan hasta 8 por ciento de su presupuesto a comprar agua embotellada y pipas. En contraste, los hogares con ingresos superiores a 70,000 pesos apenas destinan uno por ciento de sus ingresos al agua, pues no dependen de las pipas.
Finalmente, el experto instó a que las políticas públicas de acceso al agua consideren variables como pobreza, género y discapacidad, proponiendo que el acceso al agua sea equitativo y sin discriminación. Es fundamental, señaló, que se implemente un enfoque integral e interseccional para garantizar que los sectores más vulnerables no continúen siendo víctimas de prácticas abusivas y tengan un acceso digno al agua.
