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En Hidalgo, las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTA) han surgido como una preocupación destacada, siendo etiquetadas como potenciales “elefantes blancos”. Aunque la intención detrás de estas instalaciones es noble, su efectividad se ve socavada por la complejidad del sistema de tratamiento y la falta de cultura en el pago por el servicio de agua potable. Esta problemática fue destacada por Rubén Pérez Ángeles, presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica Sección Hidalgo.
En áreas urbanas, se espera que los usuarios contribuyan al financiamiento del tratamiento del agua residual a través del pago de sus facturas. Sin embargo, en regiones como la Huasteca y la Serranía, donde las costumbres y usos son diferentes, y los municipios carecen de recursos suficientes para operar y mantener estas plantas, la situación se vuelve aún más complicada.
La evaluación anual realizada por la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (Ceaa) reveló que 188 de las PTA en Hidalgo no están operativas, y la mayoría se encuentran en la región de la Huasteca. De las 352 plantas en el estado, el 44% se encuentran en municipios urbanos.
El tratamiento del agua residual plantea un dilema adicional: ¿qué hacer con el agua tratada? La visión de una economía circular del agua sugiere que el agua tratada podría ser reutilizada y vendida, generando ingresos para su mantenimiento. Sin embargo, esta idea enfrenta desafíos en regiones rurales donde la demanda de agua tratada para uso agrícola es limitada.
La Norma Oficial Mexicana-014 permite la infiltración de agua tratada en el subsuelo, siempre y cuando cumpla con ciertos estándares de limpieza para evitar la contaminación del suministro de agua potable. Sin embargo, implementar esta normativa de manera efectiva sigue siendo un desafío en muchas áreas.
