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Un informe reciente del Banco Mundial revela que México enfrenta una concentración sin precedentes de poder económico en manos de unas pocas familias. Cerca del 95% de las 50 empresas privadas más grandes del país son propiedad de las familias más adineradas, cuyos ingresos representan una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Esta situación ha convertido a México en el país con la mayor proporción de empresas familiares que cotizan en bolsa, duplicando el promedio mundial.
La influencia de estas familias empresariales va más allá de lo económico y se extiende al ámbito político. El informe del Banco Mundial sugiere que estas familias ejercen presión para oponerse a impuestos y regulaciones que puedan afectar sus fortunas. Además, su participación en la política les otorga una visión a largo plazo, lo que les permite monitorear y influir en el desempeño de los sectores políticos a lo largo del tiempo.
La propiedad familiar también plantea desafíos en términos de competencia y regulación. En México, alrededor del 40% de la actividad económica ha sido objeto de investigaciones por presuntas prácticas anticompetitivas entre 1993 y 2018. Este fenómeno ha sido especialmente evidente en sectores como las telecomunicaciones, donde la concentración y fijación de precios oligopólica han sido ampliamente documentadas.
El informe destaca que la falta de competencia y el desarrollo de un mercado oligopólico han facilitado la extracción de rentas, especialmente en productos y servicios básicos como azúcar, papel higiénico, trigo, carne aviar, leche y medicinas. Esta situación ha contribuido significativamente a la desigualdad económica y ha obstaculizado el crecimiento y desarrollo equitativo del país.
En resumen, la concentración de riqueza en unas pocas familias y la presencia de oligopolios en sectores clave de la economía mexicana plantean desafíos significativos para la igualdad, la competencia y el desarrollo sostenible del país.
