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Quien incurra en la imprudencia de realizar despidos masivos durante el próximo relevo en las 84 administraciones municipales será responsable de las consecuencias, advirtió Álvaro Bardales Ramírez, contralor de Gobierno de Hidalgo.
Esto se debe a que en el pasado, algunos gobiernos locales tomaron esta medida y ahora enfrentan laudos millonarios imposibles de pagar tanto para el municipio como para el estado.
Aunque cada ayuntamiento tiene autonomía en sus decisiones, es crucial seguir las recomendaciones necesarias para evitar problemas legales y financieros, subrayó Bardales. No se debe despedir al personal indiscriminadamente, especialmente a los trabajadores sindicalizados, quienes tienen derechos contractuales establecidos y pertenecen a agrupaciones gremiales. Despedir a un sindicalizado puede resultar en denuncias y demandas laborales inmediatas.
Además, el contralor insistió en respetar la base sindical y evitar despidos masivos de empleados de confianza o cambios de área. Los relevos deben limitarse a mandos directivos para no generar más pasivos.
Respecto a las capacitaciones del personal de los ayuntamientos para el proceso de entrega-recepción en la transición de los 84 ayuntamientos, Bardales explicó que los documentos deben incluir los requisitos básicos y, en caso de alguna deuda laboral, el nombre de la persona afectada, el monto del laudo y si corresponde a la administración saliente, para que Contraloría inicie la investigación.
Es responsabilidad de los ayuntamientos investigar a los servidores públicos que hayan causado perjuicios al municipio. En caso de despidos masivos o demandas laborales, los responsables serán quienes ejecuten estas acciones. La Contraloría puede iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa grave o no grave, dependiendo del monto del laudo.
Los finiquitos y el pago de prestaciones laborales pueden considerarse faltas no graves, mientras que los salarios caídos y otras situaciones que dañen el patrimonio del ayuntamiento son consideradas graves y se enviarán al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar si tienen implicaciones penales.
Los laudos existentes y los juicios laborales actuales pueden tardar hasta cuatro años en resolverse.
Despachos externos revisan cuentas públicas El contralor estatal informó que se han contratado 40 despachos externos para revisar 60 cuentas públicas de organismos descentralizados, correspondientes al ejercicio 2023, mientras que otras serán revisadas directamente por la Contraloría.
El próximo 17 de julio, David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), visitará la entidad para iniciar la auditoría nacional denominada Colmena, en la que revisarán la cuenta 2023 de los 30 municipios más grandes de Hidalgo.
En el Gobierno del Estado, se cuenta actualmente con un padrón de 560 contratistas, cuando antes eran dos mil 100, y con cinco mil 300 proveedores, habiendo dado de baja a 400 hasta el momento.
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