El 23 de junio de 2024, se reveló que el Ejército ha destruido más de 474 hectáreas de selva en Quintana Roo para obtener materiales de construcción para el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorizó la explotación de 18 bancos de materiales, afectando gravemente el medio ambiente.
El estudio de impacto ambiental encargado por la Sedena y organizaciones ecologistas advierten que estas minas causan una pérdida significativa de capas de suelo y material geológico. La Sedena planea extraer más de 10 millones de metros cúbicos de roca caliza, grava y arena para estos proyectos, con un gasto de 661 millones de pesos entre 2021 y 2023.
La operación de estas minas se ha manejado con opacidad, ya que la Sedena ha reservado información sobre la cantidad de explosivos utilizados por las empresas contratadas, Equipos y Maquinarias del Sureste y Explosivos Asturión. Esta falta de transparencia ha generado críticas de diversas organizaciones ambientales.
La devastación de la selva ha generado una fuerte preocupación entre los ambientalistas y la población local, quienes temen que los daños causados sean irreversibles. A pesar de las promesas de mitigación y restauración por parte de las autoridades, el impacto negativo sobre el ecosistema es evidente.
El proyecto del Tren Maya, promovido por el presidente López Obrador, ha sido objeto de controversias debido a los daños ambientales que está ocasionando en la región. Los críticos argumentan que el desarrollo económico no debe comprometer la integridad de los ecosistemas naturales.
Finalmente, se espera que las autoridades tomen medidas más transparentes y responsables para proteger el medio ambiente, priorizando la sostenibilidad en los proyectos de infraestructura a gran escala. La comunidad y los activistas continúan vigilantes ante las acciones del gobierno y del Ejército en esta delicada situación.