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En medio de la condena por el desplazamiento de familias en Coamila, Huejutla, debido a intolerancia religiosa, la diputada local y miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad, Gabriela Godínez Hernández, emitió un fuerte llamado al gobierno estatal y municipal para abordar la situación de los desplazados dentro del marco de la Ley de libertad de culto en México.
Godínez Hernández, después de revisar los antecedentes presentados por Pablo Vargas, director de Impulso 18, una organización civil que aboga por la libertad religiosa y asesora a personas como las expulsadas de la comunidad en la Huasteca, enfatizó que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial del estado deben demostrar que la ley se aplica en Hidalgo, tal como se ha evidenciado en casos de corrupción y abuso de autoridad, según mencionó el gobernador Julio Menchaca.
“No podemos tolerar la idea de que existan hidalguenses de primera y de segunda categoría, donde la ley se aplique selectivamente. Estamos hablando de familias enteras que han sido desplazadas de sus hogares simplemente por tener una fe diferente a la mayoría”, expresó la legisladora.
“Existen niños que, desde hace algún tiempo, se les ha negado el acceso a la educación pública y gratuita en escuelas gubernamentales, y que no reciben el apoyo del gobierno federal y estatal debido a la religión de sus padres”, agregó, mientras instaba a los funcionarios a no ocultar el conflicto y a tomar medidas dado que tenían conocimiento de la situación desde 2016.
