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Con una amplia mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó la noche del miércoles la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), que otorga nuevas y amplias facultades al fisco mexicano para imponer prisión preventiva oficiosa a quienes participen en la emisión de comprobantes fiscales falsos. La medida, impulsada por Morena, ha despertado fuertes críticas de la oposición, que advierte sobre la creación de un Estado fiscal autoritario y represivo.
El dictamen fue avalado por 348 votos a favor y 130 en contra, y pasará ahora a la revisión de los artículos reservados. Con las modificaciones, se pretende armonizar el Código Fiscal con el artículo 19 constitucional, de modo que los contribuyentes involucrados en operaciones simuladas puedan ser encarcelados de manera automática, sin derecho a fianza.
La reforma redefine los comprobantes fiscales falsos como aquellos que no correspondan a operaciones reales, y faculta a las autoridades tributarias para presentar denuncias penales contra los emisores. Además, el SAT podrá negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a personas morales cuyos socios estén relacionados con empresas factureras, así como realizar visitas domiciliarias exprés de apenas 24 días para verificar la autenticidad de las operaciones.
Otra disposición polémica es la que autoriza al fisco a suspender de manera definitiva los sellos digitales de los contribuyentes sospechosos y bloquear el acceso de plataformas digitales como Amazon o DiDi en caso de detectar irregularidades fiscales. También se amplían las facultades para intervenir en el sector energético, al restringir temporalmente los certificados de sello digital a las empresas que emitan comprobantes sin los permisos correspondientes de la Comisión Nacional de Energía.
Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, defendió la medida asegurando que busca fortalecer la lucha contra la evasión y garantizar que los recursos públicos sean mejor aprovechados. Sin embargo, el discurso oficial no logró convencer a la oposición, que considera que la reforma abre la puerta a un control excesivo del gobierno sobre los contribuyentes.
Elizabeth Núñez, diputada de Movimiento Ciudadano, denunció que esta reforma vulnera derechos fundamentales al otorgar poder absoluto al SAT para castigar sin proceso previo, mientras que el panista Héctor Saúl Téllez advirtió que la medida representa la creación de un “Código Fiscal espía” que desincentivará la inversión y atentará contra la certidumbre jurídica.
Para los legisladores opositores, el nuevo marco fiscal no busca combatir la corrupción ni el llamado huachicol fiscal, sino consolidar un sistema de vigilancia y sanción arbitraria al servicio del poder. Con esta reforma, acusaron, Morena profundiza un modelo de control estatal disfrazado de política recaudatoria.
