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La Cámara de Diputados aprobó en sesión plenaria el dictamen de la reforma de supremacía constitucional, con la cual se busca impedir que las reformas constitucionales sean susceptibles a amparos o controversias. Esta reforma fue respaldada en lo general y lo particular con 343 votos a favor y 129 en contra, tras una sesión en la que no se presentaron abstenciones.
Para que esta reforma adquiera validez, el dictamen ha sido enviado a los congresos estatales, donde requerirá la aprobación de al menos 17 legislaturas locales al tratarse de una modificación constitucional. Con esta acción, se pretende blindar los cambios en la Constitución, estableciendo la improcedencia de amparos y limitando la posibilidad de que se interpongan controversias constitucionales contra futuras reformas.
El proyecto de reforma introduce modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución, estableciendo un cerco legal que protege las reformas contra acciones judiciales de inconstitucionalidad y amparos. Con esta medida, los legisladores buscan reducir las vías legales para frenar o cuestionar cambios aprobados por el Congreso de la Unión, lo que permitiría avanzar sin los obstáculos jurídicos previos.
La reforma ha generado opiniones divididas entre los legisladores, donde sus defensores argumentan que el blindaje de las reformas constitucionales dará mayor estabilidad y permitirá implementar cambios sin recurrir a prolongadas batallas legales. No obstante, la oposición ha cuestionado los efectos que este límite en los amparos podría tener sobre los derechos de la ciudadanía, quienes históricamente han recurrido a estos recursos para expresar su desacuerdo con determinadas reformas.
De aprobarse en las legislaturas estatales, esta modificación representará un cambio significativo en la protección de las reformas constitucionales, limitando la posibilidad de que sean anuladas o revertidas mediante mecanismos legales.
