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La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el Departamento de Justicia pedirá la pena de muerte para Luigi Mangione, en caso de que sea declarado culpable de homicidio capital.
Bondi instruyó a Matthew Podolsky, fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, para que solicite la pena máxima en caso de condena. Mangione enfrenta cargos estatales y federales por presuntamente asesinar a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en Midtown Manhattan en diciembre pasado. A pesar de haber sido acusado en una denuncia penal federal, aún no ha sido imputado formalmente por esos cargos. En el ámbito estatal, se declaró inocente.
Su abogada, Karen Friedman Agnifilo, comentó que está en conversaciones con el Departamento de Justicia sobre la decisión, aunque hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas. Por su parte, la fiscalía estadounidense también evitó hacer comentarios sobre el caso.
Este anuncio es una de las primeras acciones contundentes del gobierno de Donald Trump en materia de pena de muerte federal, dejando claro que su administración busca aplicar el castigo más severo en los casos que lo ameriten. Al asumir el cargo en enero, Trump firmó un decreto en el que instruía a la secretaria de Justicia a solicitar la pena de muerte en los delitos más graves.
Mangione enfrenta un serio panorama legal: en su contra pesan cargos por asesinato con arma de fuego, acecho y portación ilegal de armas. En febrero, reforzó su equipo legal al contratar a Avraham Moskowitz, un abogado con gran experiencia en casos de pena de muerte, quien ha defendido a más de 50 acusados en Nueva York.
Actualmente, Mangione se encuentra bajo custodia federal en Brooklyn, aunque su proceso primero se desarrollará en un tribunal estatal de Nueva York. Un jurado de Manhattan lo acusó de 11 cargos, entre ellos asesinato y homicidio, además de delitos relacionados con armas y falsificación. De ser declarado culpable en el ámbito estatal, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Las acusaciones indican que el asesinato de Thompson fue un acto de terrorismo, definido legalmente como un crimen con la intención de intimidar a la población o presionar a una entidad gubernamental.
Tras su captura en diciembre en un McDonald’s de Pensilvania, luego de una semana de intensa búsqueda, las autoridades encontraron en su poder un arma no registrada y un cuaderno con escritos que revelaban un crimen meticulosamente planeado, incluyendo el seguimiento a su víctima.
A pesar de la gravedad del caso, Mangione ha conseguido un apoyo considerable en redes, logrando recaudar más de 700,000 dólares para su defensa legal.
Cabe recordar que, durante su primer mandato, Trump reactivó las ejecuciones federales tras casi 20 años de pausa, llevando a cabo 13 ejecuciones antes de dejar el cargo. Sin embargo, su sucesor, Joe Biden, frenó esta política conmutando la sentencia de 37 condenados a muerte y dejando solo tres casos activos relacionados con tiroteos masivos o terrorismo.
Pero con la llegada de Bondi a la Secretaría de Justicia, la postura ha cambiado. En febrero, emitió un memorando en el que denunció las conmutaciones de Biden, calificándolas como una acción que “socava el Estado de derecho“.
“Esta era vergonzosa termina hoy“, declaró Bondi, asegurando que el Departamento de Justicia levantará la moratoria a las ejecuciones federales impuesta en la administración pasada. “De ahora en adelante, el Departamento actuará conforme a la ley, buscando la pena de muerte en los casos correspondientes y ejecutándola con rapidez“.
