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El Ejército de EE. UU. abatió a seis personas en una embarcación que, según el gobierno, transportaba drogas desde Sudamérica, informó el secretario de Defensa Pete Hegseth. El suceso, ocurrido de noche en aguas internacionales del mar Caribe, se suma a una serie de operaciones que ya dejan 43 muertos en 10 ataques conocidos —ocho en el Caribe y dos en el Pacífico oriental— dentro de la campaña que impulsa la administración de Donald Trump.
Hegseth dijo en redes que la nave estaba “operada por el Tren de Aragua”, un grupo que el gobierno ha señalado como organización terrorista. Acompañó su mensaje con un video corto y granulado donde se ve una embarcación moverse y luego explotar, y escribió: “Si eres un narcoterrorista que trafica con drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, exclamación en la que incluso cometió un error al escribir el nombre. También prometió: “De día o de noche, trazaremos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te mataremos”.
Esa dureza ha encendido las alarmas legales y políticas. Varios juristas externos sostienen que ordenar ataques con resultado letal contra civiles presuntos delincuentes podría violar el derecho nacional e internacional, que prohíbe atacar deliberadamente a personas que no participan directamente en hostilidades. Tradicionalmente, el abordaje contra el contrabando marítimo se ha hecho con la Guardia Costera (y a veces la Marina) para interceptar y detener a las tripulaciones; la pena por tráfico es prisión, no ejecución.
La Casa Blanca defiende la campaña con dos argumentos: uno jurídico —que Trump ha “determinado” que los cárteles realizan ataques armados contra EE. UU., lo que justificaría tratarlos como combatientes en un conflicto armado— y otro de política pública, alegando que frenar embarcaciones salvaría vidas por sobredosis. El gobierno afirma que cada barco destruido salvaría 25,000 vidas, una cifra que Trump ha repetido.
Los datos de salud pública sí muestran un problema serio: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportaron cerca de 80,000 muertes por sobredosis el año pasado (menos que las 110,000 de 2023, pero mucho más que hace una década). El aumento reciente se ha atribuido al fentanilo —vinculado a laboratorios en México— mientras que las naves atacadas venían de Sudamérica y se asocian más con cocaína.
La campaña también ha puesto el foco en Venezuela y en Nicolás Maduro, a quien el gobierno acusa de vínculos con el narcotráfico. Desde enero, la administración Trump ha etiquetado a varios cárteles y bandas latinoamericanas —incluido el Tren de Aragua— como organizaciones terroristas, y Hegseth las ha comparado públicamente con Al Qaeda. Esos giros tienen implicaciones legales: designar a un grupo como terrorista permite congelar activos y perseguir su apoyo, pero no autoriza el asesinato sumario de sospechosos.
En varios ataques anteriores hubo confusión y reclamos de países de la región. Por ejemplo, el 15 de septiembre hubo víctimas que el presidente Trump dijo eran venezolanos; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que una de las personas muertas ese día era un pescador colombiano y habló de asesinato. El 3 de octubre murieron cuatro hombres que Petro también identificó como colombianos. En otro ataque contra una semisumergible murieron dos personas y hubo dos sobrevivientes, uno repatriado a Colombia.
El Congreso no ha autorizado una guerra contra los cárteles, como sí ocurrió tras el 11 de septiembre con Al Qaeda, y expertos recuerdan que la ley que regula la designación de organizaciones terroristas no convierte automáticamente a cualquier sospechoso en blanco legítimo para la fuerza letal.
Mientras, en Washington se discuten opciones que van más allá del mar: la administración ha explorado ataques terrestres en Venezuela e incluso posibilidades para intentar derrocar a Maduro. Entre los que apoyan medidas duras figuran el secretario de Estado Marco Rubio y el entonces director de la CIA John Ratcliffe.
Comentario final para los notiamigs: la operación es legalmente compleja y políticamente explosiva —y mientras tanto siguen contando muertos y teorías. ¿Querimos más fuego militar para combatir la droga o priorizamos mecanismos judiciales y cooperación internacional? 🤔
