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Durante el gobierno de AMLO, el Ejército y 37 instituciones estatales han adquirido dispositivos de vigilancia para interceptar comunicaciones y extraer datos de celulares y computadoras. La inversión ha sido de 459 millones de pesos, pero no se han reportado detenciones ni rescates de víctimas como resultado de estas operaciones.
Autoridades de 23 estados compraron licencias para softwares como UFED y Geomatrix, aunque muchas instituciones no dieron detalles sobre su uso ni resultados obtenidos. La falta de transparencia y eficacia ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos.
