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El consultor en seguridad David Saucedo reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional decidieron replegar a sus unidades en Veracruz y Puebla para evitar enfrentamientos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos integrantes reparten víveres a los damnificados por las recientes lluvias. La medida, explicó, busca evitar reacciones sociales en defensa del grupo criminal, que ha ganado simpatías al presentarse como benefactor en zonas donde el gobierno no ha podido responder con rapidez.
El consultor lamentó que el Estado mexicano esté delegando en grupos criminales la atención a la población civil, una función que corresponde exclusivamente a las autoridades. Advirtió que esta omisión debilita aún más la credibilidad del gobierno y fortalece a organizaciones que se presentan como sustitutos del Estado.
Saucedo aseguró que las fuerzas armadas ya tienen plenamente ubicadas las células del CJNG que realizan estas entregas, pero optaron por no intervenir. El especialista señaló que un operativo militar en estas circunstancias podría detonar protestas ciudadanas, pues los habitantes de comunidades afectadas verían con rechazo que se detenga a quienes están distribuyendo alimentos, agua y dinero en efectivo.
De acuerdo con el experto, en estos momentos existe una tregua tácita entre el Ejército y el Cártel Jalisco en la región. Las autoridades, dijo, han decidido no confrontar a los grupos criminales y permitirles actuar mientras continúa la emergencia. Las imágenes que circulan en redes sociales, añadió, son auténticas y muestran a miembros del CJNG entregando ayuda directamente a los pobladores de Veracruz y Puebla.
Saucedo afirmó que el fenómeno no es nuevo y se ha repetido en estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, donde el propio gobierno federal —de manera no oficial— ha reconocido que tolera estas acciones por haber sido rebasado en su capacidad de respuesta ante los desastres. Según el especialista, el crimen organizado aprovecha estas crisis para reforzar su presencia social y consolidar una base de apoyo en zonas rurales y marginadas donde las instituciones no logran mantener presencia ni confianza.
Los apoyos distribuidos por el CJNG incluyen despensas, agua y dinero, entregados sin controles ni registro alguno, gracias a la estructura territorial del cártel y, en algunos casos, con el respaldo tácito de gobiernos locales que han permitido su acceso a comunidades aisladas. Para Saucedo, este escenario confirma una preocupante realidad: en amplias zonas del país, la delincuencia organizada ha sustituido al gobierno en su deber más básico, el de proteger y asistir a su propia gente.
