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En el municipio de Pinos, Zacatecas, más de 425 familias de ejidatarios han pedido la intervención del gobierno federal para frenar la extracción masiva de arena que ha provocado lo que califican como un ecocidio. La explotación, iniciada en 2013 por J. Jesús Ledesma Ramírez, ha afectado más de 200 hectáreas, dañando arroyos y presas antiguas.
La extracción excesiva ha provocado la pérdida de árboles centenarios y especies endémicas, como armadillos y tecolotes. Ejidatarios denuncian que, aunque el permiso inicial limitaba la explotación a un metro de profundidad, se ha excavado hasta ocho metros, alterando el paisaje y afectando los caminos rurales.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) había otorgado la concesión, pero los afectados afirman que el concesionario ha superado los límites permitidos. A pesar de las quejas, las autoridades han hecho caso omiso a las demandas de la comunidad, quienes ahora exigen la intervención de Profepa y Semarnat para frenar los daños ambientales y la explotación de materiales pétreos, que continúan siendo vendidos en estados vecinos.
Además de la afectación ambiental, los ejidatarios señalan el deterioro de la infraestructura local, incluyendo carreteras y puentes, debido al tránsito constante de camiones pesados que transportan los materiales extraídos. La comunidad ha señalado que, de no recibir respuesta de las autoridades, podrían tomar medidas drásticas para detener la explotación.
