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En una votación de la Cámara Baja, mayoritariamente republicana, se aprobó formalizar la investigación lanzada por los conservadores contra el presidente Joe Biden. La investigación, inicialmente iniciada en septiembre por el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, busca validar por completo la indagación y facilitar el acceso a información clave, documentos y testimonios por parte de los republicanos.
La mira de los republicanos se centra en los presuntos negocios de la familia Biden con países considerados “adversarios”, especialmente China, aprovechando sus conexiones políticas. Se acusa al presidente demócrata de utilizar su influencia durante su mandato como vicepresidente para favorecer a su hijo Hunter y otros familiares en supuestos negocios irregulares con estos países.
El presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, James Comer, lidera la investigación y critica que la Casa Blanca esté bloqueando testimonios clave, considerando la investigación como “importante y necesaria”. Se alega que la familia Biden recibió más de 15 millones de dólares de empresas y gobiernos extranjeros entre 2014 y 2019, según los comités involucrados en la pesquisa.
Hunter Biden, hijo del presidente, estaba citado para declarar a puerta cerrada, pero incumplió su citación, argumentando su deseo de que su testimonio sea público. Este incidente refuerza, según Comer, la necesidad de la investigación formal y de que la familia presidencial rinda cuentas por posibles actos de corrupción.
El proceso de destitución de un presidente, según la Constitución de Estados Unidos, involucra una votación en la Cámara de Representantes para presentar cargos, pero la decisión final recae en el Senado, donde actualmente los demócratas tienen el control.
