¡El drama de las casas! 328 familias en #Pachuca podrían quedarse en la #Calle.

Un verdadero lío legal tiene a 328 familias del fraccionamiento Hacienda en Pachuca al borde de perder sus casas. Todo comenzó cuando un particular, que asegura ser el verdadero dueño del terreno, reclamó la propiedad del lugar donde se construyeron estas viviendas. Lo peor de todo es que el caso ha destapado un posible fraude, donde presuntamente estarían involucradas constructoras, inmobiliarias y hasta Notarías Públicas.

Hace 10 años, un grupo de 21 vecinos, en representación de las 328 familias afectadas, adquirieron sus viviendas a diferentes constructoras. Según Juana Valencia, Ivonne Martínez, Liliana Gutiérrez y Ángel Cano, quienes encabezaron una protesta reciente, señalaron que en 2009 comenzaron a ofertar estas casas tipo semiresidencial, con precios que oscilaban entre los 995 mil y 1.326 millones de pesos. Las adquirieron a través de créditos hipotecarios del Infonavit, Fovissste, bancos y hasta con efectivo.

Todo parecía marchar bien, cada quien pagando su hipoteca, haciendo modificaciones a sus viviendas, y organizándose en comités vecinales. Sin embargo, el 5 de junio, el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca ordenó que se cancelaran todas las escrituras de los que compraron en Hacienda, tras un reclamo del supuesto dueño original del terreno, Luis Pantoja Meneses, quien asegura que nunca autorizó la venta. Lo más grave es que el juez le dio la razón, dejando a estas familias en un limbo legal.

El terreno en cuestión, supuestamente ejidal y perteneciente a Santa Julia, se dividió en 350 lotes de 120 metros cuadrados cada uno y se convirtió en el fraccionamiento Hacienda, con zonas verdes, canchas de pádel y tenis, y áreas comunes. Todo inició con la obra de Constructora AGO Operadores S.A. de C.V., que luego vendió a LARA Construcciones, CITHY Construcciones y otras más, cada una con su propio diseño de casas de una, dos y tres plantas.

Lo más preocupante es que los vecinos aseguran que la obra tiene “vicios ocultos,” como la falta de tuberías ocultas para servicios de fibra óptica, y que la escrituración de las casas se firmó en varias Notarías Públicas del estado, lo que pone en duda la legalidad del proceso.

Ahora, los vecinos exigen una mesa de trabajo con las autoridades estatales y municipales para revisar y fincar responsabilidades a los funcionarios que, en 2009, autorizaron y otorgaron los permisos para este desarrollo. Según ellos, “todos son cómplices de este fraude.”

Antes de tomar medidas más drásticas, como movilizaciones, los vecinos van a solicitar una audiencia con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, para evitar que les arrebaten su patrimonio familiar y asegurar que, como compradores, no cometieron ningún delito.