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Las comunidades indígenas de Argentina están en pie de alerta tras la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de derogar una ley clave para la protección de sus tierras. Este cambio generó un gran temor sobre posibles desalojos masivos y la pérdida de derechos territoriales que habían logrado resguardar por más de 18 años.
El pasado diciembre, el decreto 1083/24 eliminó la emergencia territorial indígena, una medida que había sido impulsada en 2006 para proteger a los pueblos originarios de los desalojos forzados y garantizar sus derechos sobre las tierras que ocupan ancestralmente. Este decreto asegura que la ley 26.160, que otorgaba esta protección, limitaba la actividad productiva y los derechos de propiedad en las zonas de interés, alegando que bloqueaba inversiones y generaba conflictos de propiedad.
Diego Morales, experto del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que la ley de emergencia surgió en un contexto donde las comunidades indígenas enfrentaban cada vez más desalojos debido a la expansión de la frontera agrícola. “El Estado la adoptó como un reconocimiento de que las comunidades vivían una situación crítica, permitiendo que los jueces suspendieran los desalojos”, comentó.
Por su parte, Orlando Carriqueo, autoridad mapuche de Río Negro, recordó que hasta 2006, las comunidades eran desplazadas y las tierras pasaban a manos de privados. “La ley 26.160 fue un reconocimiento de una problemática histórica que arrastra más de 100 años en Argentina”, explicó.
El Estado había sido responsable de realizar un relevamiento territorial para conocer la ubicación de las comunidades y proteger sus tierras. Sin embargo, solo el 68% de las 1.870 comunidades registradas en el país había sido relevado hasta diciembre de 2023. Este proceso fue retrasado durante varios gobiernos, pero Milei decidió poner fin a la prórroga de la ley.
A pesar de que Argentina está comprometida con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege los derechos de los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había ordenado al país tener una ley que respete la propiedad comunitaria. Ahora, con la derogación de la emergencia, la protección frente a desalojos ya no existe más.
Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en respuesta a las críticas, aseguraron que la medida busca “ordenar y transparentar” la situación y afirmaron que ninguna emergencia puede durar tanto tiempo sin ser resuelta. El presidente del INAI, Claudio Avruj, recalcó que el Gobierno está comprometido con un desarrollo más eficiente para todos los argentinos.
Preocupación por la minería y los recursos naturales 💧
Una de las principales preocupaciones de las comunidades es que esta decisión podría ser un paso más hacia la explotación extractiva de recursos naturales en sus tierras. Carriqueo y otros referentes sostienen que el país está buscando acceder a recursos como litio, agua y minerales presentes en sus territorios, especialmente en el norte, donde se desarrollan proyectos mineros.
Desde el CELS advierten que, sin una ley que proteja las tierras indígenas, los desalojos podrían intensificarse, y con ello, la violencia y los enfrentamientos entre las comunidades y las empresas. Este panorama genera un clima de incertidumbre, especialmente en un contexto donde las políticas de seguridad también podrían favorecer la actuación de empresas extractivas.
La invisibilización de los pueblos originarios y la negación de sus derechos es una de las principales críticas a las políticas del gobierno de Milei. “Sin la ley de emergencia, las comunidades quedan desprotegidas ante cualquier intento de despojo de sus tierras”, advirtió Morales.
El Gobierno ha dejado claro que no renovará las prórrogas, y los conflictos territoriales ahora quedarán en manos del Poder Judicial y los gobiernos provinciales. ¿Será esta una puerta abierta para que los desalojos se intensifiquen? El futuro de los pueblos originarios está en juego.
