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Lo que para los habitantes de Sarajevo fue una batalla diaria por sobrevivir, para un grupo de visitantes adinerados se convirtió en una experiencia macabra: pagar fortunas por disparar contra civiles indefensos durante el asedio de los años noventa. Tres décadas después, la Fiscalía de Milán abrió una investigación para esclarecer la participación de ciudadanos europeos en estos llamados safaris humanos, un episodio que vuelve a exponer la brutalidad que dejó la guerra de Bosnia.
La denuncia resurgió tras el documental Sarajevo Safari, dirigido en 2022 por Miran Zupancic, que reveló que los supuestos francotiradores –descritos como turistas de guerra– provenían de Italia, Estados Unidos y Rusia. Ese mismo año, la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina aceptó revisar el material después de que la entonces alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, denunciara públicamente los hechos.
El escritor italiano Ezio Gavazzeni pasó casi dos años recopilando testimonios que, según él, demuestran que estos millonarios occidentales pagaron para cazar civiles entre 1992 y 1996. Junto con los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini, entregó al fiscal Alessandro Gobbis documentos que describen cómo estos visitantes se apostaban en las colinas que rodeaban la ciudad solo para matar por entretenimiento. Dichos testimonios ya se encuentran en manos de la Fiscalía y fueron remitidos al Tribunal de La Haya.
Las acusaciones reviven una práctica tan grotesca como lucrativa. Según reportes de la prensa italiana, participar en un día de estos safaris podía costar hasta 100 mil euros, mientras la investigación del fiscal Gobbis por homicidio voluntario agravado busca identificar a los italianos que pagaron por jugar a la guerra y asesinar civiles entre 1993 y 1995. La denuncia de Gavazzeni se suma a la presentada previamente por la exalcaldesa Karic, lo que reforzó la decisión de abrir el caso formalmente.
El desafío ahora es localizar a los presuntos tiradores. Gavazzeni sostiene que numerosos italianos participaron, aunque estima que al menos un tercio habría muerto y que los restantes se encuentran entre los 65 y 82 años. Aunque no revela identidades, mantiene la expectativa de que algunos aún vivan para enfrentar la justicia, ya que los homicidios agravados no prescriben en la legislación italiana. Para él, incluso si la investigación avanza lentamente, existe certeza de que estos hechos ocurrieron y que nunca fueron una leyenda urbana, pues asegura haber entregado evidencias contundentes que podrían abrir la puerta a un juicio histórico.
