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La figura de Altagracia Gómez Sierra ha cobrado una relevancia inusual en el sexenio de Claudia Sheinbaum, no sólo por su papel como presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, sino por el tamaño y la diversificación del conglomerado empresarial familiar que encabeza. Aunque públicamente se ha puesto el foco en Minsa Industrial, la realidad es que esta empresa es sólo una pieza de una red corporativa mucho más amplia con presencia en sectores estratégicos de la economía mexicana.
Minsa, productora de harina de maíz nixtamalizado y uno de los pilares del grupo, confirmó recientemente la cancelación de un contrato millonario con el Gobierno Federal dentro del programa Alimentación para el Bienestar-Diconsa. La empresa aseguró que el convenio fue terminado de manera anticipada sin que ingresara un solo peso ni se procesara una sola tonelada de maíz, en un intento por desmarcarse de cualquier señalamiento de beneficio indebido. Sin embargo, el simple hecho de que existiera un contrato de ese tamaño con una firma ligada directamente a la principal asesora empresarial de la presidenta ha encendido cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Detrás de Minsa se encuentra Promotora Empresarial de Occidente, un conglomerado que agrupa compañías con fuerte presencia en las industrias alimentaria, automotriz, financiera, logística e inmobiliaria. Altagracia Gómez, hija del fundador de Grupo Minsa, Raymundo Gómez Flores, preside el Consejo de Administración del grupo y funge como directora ejecutiva del brazo industrial y financiero del consorcio, concentrando poder económico y capacidad de influencia.
Dentro de este entramado destaca también Dina, empresa dedicada a la fabricación de autobuses y camiones, un sector históricamente vinculado a contratos públicos de transporte. A ello se suma el Grupo Empresarial Salaverry, especializado en la producción de bolsas y películas plásticas para envases de alimentos y bebidas, una industria estrechamente relacionada con cadenas de consumo masivo y programas gubernamentales.
El grupo familiar extiende además sus tentáculos al sector financiero a través de firmas como Siembra Capitales y Mercader Financial, así como a servicios especializados mediante Almer, AP Solutions y Campo Fino. Esta diversificación refuerza el peso del conglomerado en áreas clave de la economía, al mismo tiempo que dificulta un escrutinio claro sobre la separación entre la función pública de Altagracia Gómez y los intereses privados de su grupo empresarial.
Aunque desde el gobierno se ha insistido en que no existe trato preferencial y que los contratos se apegan a la legalidad, la acumulación de empresas en manos de una funcionaria tan cercana a la presidenta plantea dudas legítimas sobre la imparcialidad en la toma de decisiones económicas. La falta de mecanismos robustos de transparencia y de controles efectivos para prevenir conflictos de interés alimenta la percepción de que el discurso anticorrupción de Morena convive con una élite empresarial cada vez más integrada al poder político.
El caso de Altagracia Gómez refleja una constante del actual régimen: la línea entre asesoría técnica y poder económico privado se vuelve difusa cuando quienes influyen en las decisiones estratégicas del país también encabezan conglomerados con capacidad de beneficiarse, directa o indirectamente, de la política pública. Mientras el gobierno presume austeridad y combate a los privilegios, el crecimiento y la cercanía del imperio empresarial de su principal asesora económica siguen siendo un tema incómodo que permanece sin una rendición de cuentas clara.
