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En una ciudad marcada por rascacielos densamente apilados y millones de habitantes que viven a gran altura, Hong Kong enfrentó esta semana su peor pesadilla: un incendio masivo que arrasó un complejo de 32 pisos y se extendió a otras seis torres, dejando al menos 75 muertos y decenas de desaparecidos. Es la tragedia más mortífera desde 1957, cuando un incendio en un edificio residencial cobró 59 vidas, y ha generado una ola de indignación que apunta directamente a fallos estructurales en la seguridad y en la vigilancia gubernamental.
Cientos de bomberos combatieron el fuego durante más de 24 horas en el complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, mientras continuaban rescatando sobrevivientes y recuperando cuerpos. Más de 70 personas permanecen hospitalizadas, algunas en estado crítico, y en un centro comunitario cercano se formaron largas filas de familiares desesperados buscando noticias de quienes no han sido localizados. Entre tanto dolor, comenzaron a surgir preguntas sobre qué permitió que el incendio se propagara con una velocidad tan devastadora.
Los primeros indicios señalan materiales inflamables usados en una renovación reciente: una malla verde de construcción que recubría los edificios, junto con placas de espuma de poliestireno instaladas en las ventanas, podrían haber actuado como combustible. La policía detuvo a dos directores y a un consultor de la empresa responsable de los trabajos, acusándolos de posible homicidio involuntario y negligencia grave. La falta de alarmas y avisos oportunos agravó el caos, especialmente para los numerosos residentes de edad avanzada atrapados en sus departamentos.
El hecho detonó cuestionamientos sobre corrupción y colusión entre contratistas y comités de vivienda, que deberían supervisar las renovaciones. Emily Lau, ex legisladora prodemocracia, calificó la situación como escandalosa y símbolo de una supervisión gubernamental profundamente insuficiente. Ante la presión pública y el llamado del presidente chino Xi Jinping a realizar todos los esfuerzos necesarios, el gobierno local anunció un fondo de emergencia de 300 millones de dólares hongkoneses, inspecciones masivas y una investigación anticorrupción para revisar prácticas en el sector de la construcción.
Expertos señalaron que los tradicionales andamios de bambú —que el gobierno ya planeaba eliminar— pudieron haber acelerado el fuego. La tragedia probablemente precipitará su reemplazo por estructuras metálicas, especialmente tras otro incendio reciente en el distrito financiero. Además, las placas de espuma instaladas en las ventanas redujeron la luz, bloquearon la visibilidad hacia el exterior y dificultaron la detección temprana del fuego, como relató Lau Yu Hung, un residente de 78 años que logró escapar solo al ver el reflejo de las llamas desde un pequeño hueco en su baño.
En un complejo que alberga alrededor de 2,000 viviendas, muchas ocupadas por jubilados que adquirieron sus departamentos en la década de 1980 mediante un programa de vivienda subsidiada, la tragedia golpeó con fuerza particular. Aún continúa la búsqueda de desaparecidos: S. F. Chiang, de 68 años, revisó una por una las fotografías de víctimas proporcionadas por la policía, sin encontrar rastro de su hermano y su sobrina. La incertidumbre y el dolor se mezclan ahora con una exigencia colectiva de responsabilidades en una ciudad que enfrenta no solo una emergencia humanitaria, sino una crisis profunda en su infraestructura y gobernanza.
