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Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cancillería mexicana declaró que la disponibilidad descontrolada de armas de fuego en el continente ha creado una emergencia compartida. La canciller Alicia Bárcena señaló la necesidad de abordar este problema, centrándose en el papel de las empresas privadas en posibles violaciones a los derechos humanos.
Bárcena destacó que la región ha sufrido las consecuencias de la violencia armada, atribuyendo la proliferación de armas de fuego en manos civiles al tráfico transfronterizo desregulado. En la audiencia, México afirmó que el país recibe ilegalmente alrededor de 200 mil armas de fuego cada año.
La secretaria de Relaciones Exteriores subrayó que la violencia armada afecta de manera diferenciada a grupos vulnerables, como mujeres, menores de edad y la población LGBT+. Instó a la Corte a considerar estas realidades al analizar las obligaciones de las empresas de armas privadas y de los Estados donde operan.
Durante la audiencia, representantes de Bolivia y Colombia respaldaron la posición de México, mientras que Estados Unidos argumentó que el tema no es adecuado para una opinión consultiva. Sarah Hunter, asesora jurídica del Departamento de Estado, afirmó que los actores criminales en México no son simplemente participantes pasivos en la violencia armada.
