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El pasado viernes, un juez dictaminó que el exalto funcionario debe permanecer en detención preventiva, denegándole la libertad provisional solicitada por la defensa.
Los abogados de Emilio Lozoya, expresidente de Pemex, han presentado una apelación contra la decisión de un magistrado de mantenerlo bajo prisión preventiva en relación con el caso Odebrecht. Lozoya enfrenta acusaciones de lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho.
La defensa interpuso el recurso ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, y este será remitido a un Tribunal Colegiado de Apelación para su evaluación. Este organismo tendrá la responsabilidad de confirmar, modificar o revocar la resolución emitida la semana anterior por el juez de control José Rivas González.
En una audiencia que se prolongó hasta altas horas de la madrugada del sábado, Rivas González, actuando como juez sustituto de enjuiciamiento, decidió que Lozoya debía permanecer en prisión preventiva, denegando así la solicitud de la defensa de otorgarle libertad provisional.
El argumento del juez para no cambiar las medidas cautelares radicó en que la defensa había dilatado el proceso legal durante dos años mediante recursos legales.
La audiencia, originalmente prevista como breve, se extendió por casi 12 horas debido a que Rivas González sustituyó a Gustavo Aquiles Villaseñor, el juez titular del caso Lozoya, quien se encontraba de vacaciones ese viernes. Antes de tomar una decisión, Rivas González solicitó a la Fiscalía y a la defensa un recuento detallado del caso.
La defensa de Lozoya inició solicitando la liberación de su cliente y la reinstauración de las medidas cautelares previas, como el uso del brazalete electrónico, la firma ante un juez y la restricción de salir del país. Afirmaron que ya habían transcurrido dos años de prisión preventiva sin ninguna sentencia, por lo que, según la legislación vigente, debería ser liberado.
No obstante, la Fiscalía argumentó que la defensa había obstaculizado el proceso judicial para evitar llegar a la fase intermedia y sostuvo que existía riesgo de fuga.
Al concluir la audiencia, la defensa anunció que disponían de tres días hábiles para presentar la apelación.
“Consideramos que la resolución no es compartida por nuestra defensa. Es una decisión injusta y no evaluó adecuadamente los argumentos que proporcionamos. Por lo tanto, apelaremos”, anunció Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, al salir de los juzgados del Reclusorio Norte.
