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Caracas.— A pesar de la liberación reciente de decenas de presos políticos en Venezuela, al menos 66 personas detenidas por autoridades del Estado permanecen desaparecidas, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos y testimonios de sus familiares, quienes recorren cárceles, comisarías y hospitales sin obtener respuestas.
Uno de esos casos es el de Omar Torres, activista político de 53 años, cuyo paradero se desconoce desde hace dos meses. Su esposa, Carolina Carrizo, viajó más de 10 horas en autobús desde el occidente del país hasta Caracas para buscarlo. Desde hace dos semanas duerme en la calle, frente al centro de detención conocido como Zona 7, donde improvisó una cama con cojines desechados.
Carrizo relató que alrededor de 30 policías uniformados irrumpieron en su vivienda durante un operativo de búsqueda de armas y se llevaron a su esposo. Las autoridades nunca reconocieron oficialmente la detención, y desde entonces no ha recibido información sobre su estado o ubicación.
Aunque el gobierno sostiene que la cárcel está vacía, familiares aseguran haber escuchado gritos desde el interior del inmueble. Situaciones similares se repiten frente a otros centros de detención, como El Helicoide, una prisión de Caracas señalada por organismos internacionales como un lugar de tortura.
Las recientes liberaciones de presos políticos han generado expectativas entre las familias, especialmente tras el acercamiento entre el gobierno interino venezolano y Estados Unidos. Algunos familiares consideran que la presión internacional podría abrir la puerta para conocer el paradero de los desaparecidos.
Según Foro Penal, al menos 66 personas continúan en condición de desaparición forzada en Venezuela. De ellas, unas 30 fueron detenidas tras la fallida Operación Gedeón en 2020, un intento de incursión armada para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Muchos de esos detenidos fueron trasladados en agosto pasado y desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.
Las desapariciones forzadas, consideradas crímenes de lesa humanidad, implican que el Estado no reconoce la privación de la libertad ni informa el paradero del detenido, dejándolo fuera de la protección legal. En Venezuela, activistas denuncian que esta práctica se intensificó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando el gobierno desplegó la llamada “Operación Tun Tun” para reprimir a la disidencia.
Aunque la ley venezolana establece que un detenido debe ser presentado ante un tribunal en un plazo máximo de 48 horas, organizaciones de derechos humanos advierten que esta disposición se incumple de manera sistemática, especialmente en los casos de desaparición.
Amnistía Internacional documentó en un informe reciente un incremento significativo de desapariciones forzadas, algunas de ellas de corta duración y otras prolongadas por meses, principalmente contra activistas, opositores y ciudadanos acusados sin pruebas claras.
Casos como el de Victor Borges, activista político desaparecido desde noviembre, o el de Carlos José Rodríguez, detenido en septiembre de 2025 y cuyo hijo nació sin conocerlo, reflejan el impacto profundo de esta práctica en las familias. En muchos casos, los allegados han acudido a múltiples cárceles, comisarías y morgues, recibiendo siempre la misma respuesta: que no hay registro alguno.
Especialistas advierten que la desaparición forzada no solo busca castigar al detenido, sino quebrantar emocionalmente a sus familias, sumiéndolas en la incertidumbre y el desgaste constante.
Mientras tanto, decenas de madres, esposas e hijas permanecen a las afueras de los centros penitenciarios, exigiendo una fe de vida, saber dónde están sus seres queridos y por qué fueron detenidos.
💬 No saber si alguien está vivo o muerto también es una forma de violencia… y duele todos los días. 💔
