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En el ojo del huracán, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta acusaciones luego de que un amigo cercano de su hijo, Andrés López Beltrán, recibiera un lucrativo contrato de 300 millones de pesos del gobierno de Quintana Roo. El polémico contrato fue otorgado a una empresa ubicada en una tienda de pisos y azulejos, pero el servicio adjudicado es la venta de medicinas y material de curación para la Secretaría de Salud de Quintana Roo, a pesar de que la empresa había sido previamente señalada por irregularidades por la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La empresa, creada durante el actual sexenio, ha experimentado un aumento significativo en la cuantía de sus contratos. El empresario beneficiado responde al nombre de Amilcar Olán. Aunque el presidente López Obrador descalificó al periodista Carlos Loret de Mola, quien presentó el reportaje en su noticiero “Loret en Latinus”, no refutó ninguna parte específica de la investigación.
Durante una conferencia matutina, López Obrador etiquetó de “corrupto” a Loret de Mola y minimizó las irregularidades en la empresa adjudicataria del contrato. A pesar de no desmentir los hechos presentados en el reportaje, el presidente restó importancia al escándalo y señaló que tener amistad con personas que reciben contratos no implica su participación o responsabilidad.
En su respuesta, Carlos Loret de Mola defendió la integridad de su labor periodística y comparó su trayectoria de más de 20 años en medios de comunicación reconocidos con las acciones de los hijos del presidente, cuestionando sus fuentes de riqueza y empleo.
El episodio destapa tensiones y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, tráfico de influencias y actos de corrupción en el entorno cercano al presidente, generando un intenso debate sobre la transparencia y la ética en el gobierno actual.
