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Un nuevo y explosivo escándalo de corrupción ha sacudido al gobierno bajo la bandera de la Cuarta Transformación (4T). Esta vez, la controversia se centra en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), una entidad crucial en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha servido tanto para financiar sus proyectos como para perseguir a sus opositores.
Según una investigación llevada a cabo por Diana Higareda de LatinUS, se ha descubierto que Rosalinda López Hernández, administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT y esposa del gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, ha recibido más de 100 contratos gubernamentales de Chiapas en los últimos años. Estos contratos, con un valor combinado de 478 millones de pesos, se llevaron a cabo a través de empresas vinculadas a su operador político, Ernesto Carballo Zurita.
El esposo de Rosalinda López, Ernesto Carballo, ha sido identificado como el enlace entre estas empresas y el gobierno de Chiapas, canalizando contratos millonarios hacia ellas. La principal beneficiaria ha sido la esposa de Carballo, Fátima Gutiérrez Ovando, cuya empresa, Production Suministro Jees, obtuvo 79 adjudicaciones directas que suman hasta 323 millones de pesos entre 2020 y marzo de 2023. Estas adjudicaciones abarcan una variedad de áreas, desde instrumental y suministros médicos hasta servicios de limpieza, fumigación y seguridad privada para la Secretaría de Salud.
No obstante, la trama de corrupción no se detiene ahí. Otras empresas relacionadas con Carballo Zurita, como Torresur, propiedad de las hermanas Maribel y Cristell, también han obtenido contratos millonarios a través de adjudicaciones directas en diferentes áreas gubernamentales. Estos contratos ascienden a un total de 64 millones de pesos entre 2021 y marzo de 2023.
Ernesto Carballo Zurita ha sido un aliado cercano de Rosalinda López Hernández a lo largo de su carrera política, acompañándola en diversos roles y campañas. Desde su escaño en el gobierno de Tabasco hasta sus intentos de candidatura, Carballo ha sido una figura constante en su entorno.
Este nuevo escándalo arroja dudas sobre los supuestos esfuerzos del gobierno de López Obrador por erradicar el nepotismo y la corrupción en su administración. A pesar de la aparente cercanía entre los involucrados y la falta de transparencia en los contratos otorgados, hasta el momento ni el gobierno de Chiapas, ni el SAT bajo la dirección de Raquel Buenrostro, ni Adán Augusto López han emitido comentarios sobre el asunto. Se espera que el presidente López Obrador aborde esta cuestión en su próxima conferencia matutina, en la que podría enfrentar interrogantes sobre la supuesta eliminación de prácticas corruptas y de favoritismo en su gobierno.
