Las denuncias por irregularidades en los panteones de Dolores y Sanctórum, que incluyen la venta ilegal de perpetuidades, solicitudes de dinero para trámites, auditorías fraudulentas de expedientes de cremaciones y construcciones sin permisos, han quedado en el limbo de la impunidad. Samuel Otero González, jefe de la Unidad Departamental de Panteones, revela que desde 2021 se presentaron 11 querellas ante el Órgano Interno de Control de la alcaldía Miguel Hidalgo, sin que ninguna haya avanzado, a pesar de las evidencias de posibles actos de corrupción.

Dos años después de las primeras denuncias, la situación persiste, afectando no solo la confianza en los servicios funerarios, sino también impactando negativamente en las finanzas públicas. En enero del año pasado, se solicitó la intervención del contralor general de la Ciudad de México, Juan José Serrano, sin obtener respuesta alguna. Incluso, se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero estas tampoco han avanzado, a pesar de contar con la documentación respaldatoria.
El Órgano Interno de Control informó que los expedientes de las 11 denuncias presentadas en noviembre de 2021 están en etapa de investigación, manteniendo a los presuntos responsables en completa impunidad. Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna visita de investigación para verificar la documentación original ni se ha atendido la solicitud de auditoría de servicios de cremación y la falta de cobro de permisos de construcción en los años 2019, 2020 y parte de 2021.
Ante la falta de avances, el 17 de enero pasado se emitió una nueva solicitud al contralor general, Juan José Serrano, para intervenir en la investigación de estas denuncias. Los casos incluyen la venta irregular de perpetuidades en el panteón general Sanctórum, la construcción no autorizada de capillas en el panteón de Dolores y el incumplimiento del procedimiento administrativo de recuperación de fosas. Trabajadores de los panteones, que protestaron recientemente contra el líder sindical, confían en que estas denuncias, que se remontan a 2018 e incluyen el robo de materiales, finalmente reciban la atención y acción necesarias.