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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha solicitado la colaboración de Interpol para localizar y detener al alcalde priísta de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal. Este enfrenta una orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés contra su ex suegro en abril pasado.
En una operación nocturna el viernes, agentes ministeriales llevaron a cabo registros en cinco propiedades, cuatro en Toluca y una en Lerma, con el objetivo de encontrar y aprehender al edil. Sin embargo, Martínez ya se había fugado antes de que comenzara la intervención.
La fiscalía allanó la residencia particular de Martínez Carbajal en el fraccionamiento San Fermín, colonia El Parque, en la zona sur de Toluca. También registraron su oficina en la presidencia municipal de Toluca, la dirección de inteligencia de la policía municipal en la zona centro, así como un rancho en Santiago Tlacotepec y una vivienda en el fraccionamiento Los Encinos, en Lerma.
Se informó que la FGJEM ha solicitado la emisión de la ficha roja y una alerta migratoria en caso de que el alcalde intente abandonar el país, a través de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México y el Instituto Nacional de Migración, respectivamente.
Además del alcalde, otros seis funcionarios están bajo investigación por estos hechos. La denuncia por violencia familiar presentada por Viridiana Rodríguez, ex pareja de Martínez, ha sido retomada por el Ministerio Público especializado.
Martínez es acusado de privar de la libertad al padre de su ex pareja, quien denunció públicamente las agresiones físicas, sexuales y emocionales que sufrió durante los 12 años de matrimonio. La ex pareja se separó en febrero y oficializó su divorcio en abril bajo un acuerdo de confidencialidad, que fue posteriormente ventilado por Rodríguez en un video, alegando haber sido forzada a firmarlo a cambio de la seguridad de su familia.
El padre de Rodríguez, ex servidor público del DIF municipal, fue violentamente sacado de su oficina y privado de su libertad por policías municipales de Toluca el 12 de abril. La fiscalía, tras obtener pruebas suficientes, emitió una orden de arresto por privación ilegal de la libertad. El caso ha generado un escándalo en Toluca, dejando a la comunidad consternada y cuestionando la integridad de sus autoridades locales.
