La Fiscalía General de la República recibió 37 denuncias contra el senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, por presunto desvío de casi 800 millones de pesos durante su administración estatal entre 2019 y 2021. Las irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, pero permanecieron archivadas por omisión del auditor David Colmenares, quien habría protegido al político morenista.

Las denuncias fueron presentadas por la panista María Elena Pérez-Jaén, especialista en transparencia, quien acusó directamente a la ASF de encubrir los casos. Señaló que las auditorías se mantienen sin avances desde 2021, mientras los posibles responsables siguen sin rendir cuentas. Según la exdiputada, los expedientes debieron ser turnados hace años a la Fiscalía Anticorrupción, pero fueron retenidos para evitar un golpe político a Morena.
Pérez-Jaén explicó que las anomalías incluyen irregularidades en dependencias estratégicas del gobierno de López Hernández, como la Secretaría de Seguridad Pública, donde se detectó un desvío de 5.3 millones de pesos en 2020, periodo en que Hernán Bermúdez Requena encabezaba la institución. La legisladora subrayó que estas prácticas revelan un patrón de opacidad y manejo discrecional de recursos públicos durante la gestión del ahora senador.
El exgobernador tabasqueño, cercano a Andrés Manuel López Obrador y hoy figura relevante de Morena en el Senado, ha insistido públicamente en que no existen denuncias formales en su contra. Sin embargo, las presentadas por Pérez-Jaén ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción lo colocan oficialmente bajo investigación. La diputada exigió que el caso no se archive y que la titular de la instancia, María de la Luz Mijangos, actúe con independencia.
Diversos organismos ciudadanos y representantes del Sistema Nacional Anticorrupción también se sumaron al llamado para investigar a fondo el patrimonio y las declaraciones fiscales del senador. En un comunicado, los consejeros exhortaron a la ASF, al SAT, a la UIF, a la FGR y al Senado a verificar el origen de sus bienes y posibles conflictos de interés.
Los comités anticorrupción pidieron al Senado garantizar que el fuero no sea utilizado como escudo para evadir responsabilidades. Además, exigieron a la Auditoría y a la UIF revisar los flujos financieros del periodo señalado y hacer públicos los resultados. Advirtieron que las instituciones no deben seguir actuando con tibieza ante las inconsistencias de un político con historial de privilegios y vínculos de poder dentro de Morena.
El caso de Adán Augusto López se suma a la larga lista de escándalos financieros que golpean al partido oficialista. Aunque el morenista se ha presentado como un defensor de la transparencia, las denuncias lo retratan como beneficiario de un sistema que protege a sus aliados y castiga selectivamente a sus adversarios. La presión pública crece para que la Fiscalía investigue sin dilaciones y ponga fin a la impunidad que, una vez más, parece amparar a los hombres fuertes del gobierno.
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