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Estados Unidos ha confiscado el avión que usaba el presidente venezolano Nicolás Maduro en la República Dominicana. Según dos funcionarios estadounidenses, la adquisición de esta aeronave violó las sanciones de EE.UU. y otros delitos criminales. Este lunes, el avión fue trasladado a Florida como parte de las pesquisas en curso contra el gobierno de Venezuela.
Este movimiento es el capítulo más reciente en la larga y tensa relación entre Washington y Caracas, y forma parte de las investigaciones de EE.UU. sobre la corrupción del gobierno venezolano. El avión, un Dassault Falcon 900EX valorado en unos 13 millones de dólares, se considera el equivalente venezolano del Air Force One, y ha sido utilizado por Maduro en visitas oficiales alrededor del mundo.
La confiscación del avión profundiza las investigaciones sobre las prácticas ilícitas del régimen venezolano. “Esto envía un mensaje a la cúpula”, comentó un funcionario estadounidense a CNN. “Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un gran hito en asuntos criminales. Estamos diciendo claramente que nadie está por encima de la ley ni fuera del alcance de las sanciones de EE.UU.”
La situación en Venezuela también ha tenido repercusiones en la política estadounidense. Millones de personas han huido del país, muchas de las cuales han llegado a la frontera entre Estados Unidos y México. Durante años, EE.UU. ha tratado de interrumpir el flujo de dinero hacia el régimen de Maduro. Las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional han llevado a la incautación de vehículos de lujo, caballos purasangre y otros activos destinados a Venezuela.
Varias agencias federales participaron en la incautación del avión, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia. Funcionarios de EE.UU. trabajaron estrechamente con la República Dominicana, quien notificó a Venezuela sobre la incautación, según revelaron fuentes oficiales.
Con el avión ahora en Florida, el siguiente paso es buscar su confiscación definitiva, lo que daría al gobierno venezolano una última oportunidad para reclamarlo. EE.UU. también ha exigido recientemente que Venezuela publique datos detallados por centro y mesa de votación de las últimas elecciones presidenciales, citando dudas sobre la transparencia del proceso y la victoria de Nicolás Maduro.
A principios de este año, Estados Unidos restableció sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela, respondiendo a la negativa del gobierno de Maduro de permitir elecciones libres y justas. “Vemos cómo el régimen de Maduro saquea a su propio pueblo para enriquecerse”, señaló otro funcionario de EE.UU. “Mientras la gente lucha por conseguir lo básico, Maduro viaja en un avión privado de lujo”.
La crisis humanitaria en Venezuela sigue siendo devastadora, con más de 7.7 millones de personas que han abandonado el país debido a la situación económica, la falta de alimentos y acceso limitado a servicios de salud. Este es el mayor desplazamiento en la historia reciente del hemisferio occidental.
