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Silvia Rocío Delgado García, quien en su momento formó parte del equipo legal que defendió al conocido narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, está a punto de convertirse en jueza penal en el Distrito Bravos de Chihuahua, esto de acuerdo con los primeros conteos del proceso electoral judicial realizado en el estado.
Durante esta elección inédita en México, celebrada el pasado 1 de junio, la ciudadanía pudo elegir a sus jueces en varios niveles, y Delgado logró posicionarse como una de las más votadas para el cargo penal, al obtener 23,605 votos, ubicándose en el segundo lugar entre las candidatas, de un total de diez aspirantes (cinco mujeres y cinco hombres). Aunque aún faltan pasos oficiales, todo apunta a que se llevará el puesto.
La elección formó parte de una controvertida reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, con la que se planteó que los jueces fueran elegidos por voto directo. La idea, según el gobierno, era fortalecer la confianza en el Poder Judicial; sin embargo, varios expertos y críticos han dicho que no hay evidencia de que esto garantice un sistema más eficiente o justo.
Por otro lado, organizaciones civiles como Projuc y Defensorxs han levantado la ceja al incluir a Delgado en un listado de candidaturas “altamente riesgosas”, junto con otras figuras señaladas por tener vínculos cuestionables, antecedentes dudosos o acusaciones graves, como delitos sexuales o relaciones con grupos religiosos o criminales.
Ante estas críticas, Delgado ha defendido su trayectoria profesional. En abril, durante una entrevista con El Financiero, dejó claro que no se arrepiente de haber defendido a Guzmán.
“No soy abogada de ‘el Chapo’, soy abogada de muchas personas”, declaró. “Para quienes nos dedicamos de lleno al Derecho, eso no es un estigma, es un logro. Me siento orgullosa de haber formado parte de esa defensa, por lo que representó a nivel jurídico”, afirmó con contundencia.
Por lo pronto, el Instituto Estatal Electoral (IEE) tiene programada una sesión este miércoles para validar oficialmente los resultados y entregar las constancias de mayoría a quienes hayan ganado. Una vez emitida la declaratoria, se abrirá un periodo para que cualquier inconforme pueda impugnar, con un margen de poco más de dos meses para resolver disputas legales, ya que los nuevos jueces deberán asumir funciones el próximo 1 de septiembre.
Así que, con todo y polémica, parece que una vieja conocida de los tribunales va a estrenar toga y martillo desde el otro lado del estrado.
